El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la firma financiera Vector Casa de Bolsa y su director, Alfonso Romo, por su presunta participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita y encubrimiento.
Según la denuncia, Vector habría facilitado movimientos financieros relacionados con el Cártel de Sinaloa y otras redes criminales implicadas en el tráfico de fentanilo.
El PAN sostiene que estas actividades no fueron hechos aislados, sino parte de un esquema sistemático y prolongado, con posible encubrimiento por parte de altos funcionarios.
Esta acción se suma a los señalamientos de la Oficina para el Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que acusa a Vector de lavar millones de dólares procedentes del narcotráfico.
Desde @AccionNacional presentamos una denuncia formal contra Vector Casa de Bolsa y Alfonso Romo por presunto lavado de dinero.
— Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) July 1, 2025
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FinCEN señala que la casa de bolsa habría canalizado pagos a empresas chinas proveedoras de precursores químicos para la elaboración de fentanilo, una droga altamente adictiva responsable de una crisis de salud pública en América del Norte.
El PAN también destacó en su denuncia los vínculos de Alfonso Romo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, donde se desempeñó como jefe de la Oficina de la Presidencia, así como su cercanía con otros personajes políticos como Carlos Aspe, exsecretario de Hacienda.
De acuerdo con FinCEN, desde al menos 2019 más de 20 empresas chinas realizaron transacciones financieras con compañías mexicanas a través de Vector. Además, entre 2013 y 2021 se detectaron transferencias por más de dos millones de dólares vinculadas a presuntos operadores del Cártel de Sinaloa.
Lo más grave, según el PAN, es que parte de estos recursos habrían sido usados para sobornar a funcionarios mexicanos, lo que podría evidenciar una red de protección institucional.
La denuncia señala que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya tenía conocimiento de estos hechos desde 2024, pero no ha tomado acciones legales ni congelado los recursos involucrados.
El PAN pide que las autoridades actúen con prontitud para investigar estos hechos, castigar a los responsables y proteger al país del daño que estos actos representan para la seguridad nacional, la salud pública y la integridad del sistema financiero.
