Este sábado, más de 300 personas marcharon en Coyuca de Benítez, Guerrero, al cumplirse 30 años de la masacre de Aguas Blancas, en la que 17 campesinos fueron asesinados por policías estatales el 28 de junio de 1995. La movilización fue encabezada por la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), junto con maestros, activistas y organizaciones sociales.
La marcha recorrió la carretera desde la entrada de Aguas Blancas hasta el vado donde ocurrió el crimen, donde los manifestantes realizaron un mitin, colocaron flores y exigieron justicia, verdad y castigo a los responsables. También pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum abrir una mesa de diálogo con víctimas y familiares, reabrir el caso y trasladarlo a la Fiscalía General de la República, ante la falta de garantías en Guerrero.
En la manifestación también se exigió la libertad del preso político Antonio Barragán Carrasco y la presentación con vida de Gilberto Romero Vázquez, desaparecido en 1995, y de los hermanos Mauro y Benito Bahena Maldonado.
La dirigente Norma Mesino recordó que la OCSS nació en 1994 como respuesta a la violencia institucional y el abandono del campo. Denunció que la organización ha sido una de las más perseguidas del país, con tres desaparecidos, 45 asesinados y un integrante preso.
Mesino destacó que la masacre fue resultado de un operativo ordenado por altos funcionarios del gobierno estatal y que contó con respaldo federal. Entre los señalados como responsables están el exgobernador Rubén Figueroa Alcocer, su exsecretario de Gobierno José Robles Catalán, y otros exfuncionarios, varios de los cuales han fallecido, mientras que otros siguen en funciones o se desconoce su paradero.
La dirigente denunció que en Guerrero no hay condiciones para una investigación imparcial, ya que algunos implicados mantienen vínculos con el actual gobierno estatal. Por ello, insistió en que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República como crimen de lesa humanidad, tal como lo reconocieron la Suprema Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en resoluciones de 1996 y 1998.
