La presidenta Claudia Sheinbaum desestimó el informe preliminar presentado por los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el proceso de elección judicial en México, al señalar que el organismo no tiene facultades para emitir recomendaciones sobre asuntos internos.

“No está dentro de sus funciones dar recomendaciones de cómo un país debe decidir su Poder Judicial”, declaró Sheinbaum durante una gira de trabajo en el estado de Morelos.

La postura de la mandataria coincidió con la emitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que a través de la Misión Permanente de México ante la OEA manifestó su “firme rechazo” al informe.

El Gobierno mexicano sostuvo que la Misión de Observación Electoral (MOE) “rebasó el mandato de la misma e incurrió en acciones contrarias a los principios de la Carta de la Organización”.

En una nota diplomática enviada al secretario general de la OEA, Albert Ramdin, México recordó que el Artículo 3 (e) de la Carta de la Organización establece que “todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga”.

El rechazo oficial ocurrió luego de que el pasado viernes la MOE recomendara “no replicar el modelo mexicano de elección popular de jueces y magistrados en otros países de la región”, al detectar múltiples fallas durante este inédito proceso, en el que sólo participó el 13 % del electorado.

La Cancillería mexicana respondió que una misión de observación de la OEA “no cuenta con la facultad para tratar de imponer sus propios criterios sobre la forma en que los países, en uso de su soberanía, deben conformar su poder judicial. Menos aún, de emitir juicios de valor que rebasan sus atribuciones”.

También destacó que, según el mismo informe, la jornada electoral del 1 de junio “se apegó estrictamente a las normas constitucionales y leyes electorales vigentes en México”.

En su evaluación, la OEA advirtió que el modelo mexicano no tiene precedentes en el mundo y podría debilitar la imparcialidad, independencia y eficacia del sistema judicial.

Además, cuestionó la selección de candidatos por la ausencia de exámenes estandarizados, y señaló que los votos nulos y no marcados (10,80 %) reflejan la premura con la que se organizó la elección.

El organismo también alertó que las próximas elecciones judiciales, previstas para 2027, podrían coincidir con las elecciones generales, lo que “aumentaría el riesgo de influencias partidistas” si no se ajusta el calendario electoral.

El 1 de junio se llevaron a cabo por primera vez elecciones para más de 880 cargos judiciales federales, incluida la selección de nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en cumplimiento de una reforma constitucional impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.