Este domingo, las elecciones en Veracruz se llevan a cabo en un ambiente marcado por la violencia y la incertidumbre. El proceso electoral ha sido empañado por asesinatos, amenazas y agresiones contra candidatos, así como por múltiples denuncias de irregularidades.

Desde el inicio de la jornada electoral se han reportado al menos 10 muertes vinculadas al proceso, incluyendo dos aspirantes asesinados, además de actos de intimidación en distintas regiones del estado. En total, están en disputa 1,054 cargos, entre ellos 212 alcaldías y puestos del Poder Judicial local y federal.

Las autoridades han identificado 58 municipios como zonas de alto riesgo, por lo que el Instituto Electoral local solicitó 170 medidas de protección para candidatos, mientras que el gobierno federal desplegó 15 mil elementos de seguridad, sin lograr contener del todo los actos de violencia.

Denuncias por coacción y amenazas

Partidos de oposición, como el PRI y el PAN, han denunciado la presencia de grupos armados que intimidan a los votantes y ofrecen dinero o productos a cambio del sufragio. También se han detectado intentos de manipulación de listas nominales y presiones dentro del Tribunal Superior de Justicia, lo que pone en duda la transparencia del proceso.

El PRI acusó al gobierno estatal de retirar sin explicación la protección a sus candidatos, exponiéndolos al crimen organizado. Además, condenó el ataque a su candidata Arianna Ángeles Aguirre, agredida junto a su equipo por sujetos armados con palos y machetes en Tlalnelhuayocan, así como el intento de secuestro del aspirante Braulio Aguilar, en Huiloapan.

El PAN, por su parte, reportó que el candidato de Coacoatzintla, Juan Solano Landa, recibió una amenaza directa: una cabeza de cerdo con un mensaje intimidante fue dejada frente a su casa. También se registró la intimidación de encapuchados afuera del domicilio de una candidata en Ixhuatlán del Café.

Los partidos exigieron la intervención de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fisel) para investigar la compra y coacción del voto, el uso de recursos públicos y la retención de credenciales de elector, prácticas que ponen en riesgo la legitimidad de los comicios.

A pesar de los operativos de seguridad, el miedo y la violencia continúan marcando el rumbo de una elección clave para el estado.