El uso de artefactos explosivos improvisados (AEI) por parte del crimen organizado ha crecido de forma alarmante en México. Mientras que en 2022 se decomisaban seis explosivos por día, en lo que va de 2025 la cifra ha subido a 29 diarios, según datos obtenidos vía transparencia por autoridades federales.

De 2015 a 2021 se aseguraron apenas 341 explosivos, pero entre enero de 2022 y marzo de 2025 la cifra se disparó a 10,803. En total, en los últimos 10 años se han reportado 11,336 artefactos decomisados, la mayoría de ellos desde 2022.

El fenómeno tiene especial presencia en estados como Sinaloa, Michoacán, Chihuahua, Jalisco y Sonora, que concentran el 70% de los casos. Sinaloa ha superado recientemente a Michoacán como el estado con más explosivos localizados, con 697 en apenas tres meses de 2025. A finales de abril, el Ejército descubrió en Concordia casi 3,000 explosivos almacenados cerca de una escuela.

Informes del Centro Nacional de Inteligencia revelan que los AEI son fabricados por células especializadas dentro de los cárteles, como “Los Viagras” en Michoacán, con apoyo de exmilitares y exguerrilleros, incluso de origen colombiano. Estas estructuras operan con conocimientos de tácticas irregulares, como el uso de minas y drones cargados con explosivos.

Según expertos como Carlos Flores, politólogo de la UNAM, el uso de AEI es parte de una “guerra irregular” con fines delictivos, y evidencia la militarización de los grupos criminales. Por su parte, el investigador Raúl Zepeda, de la Universidad de Oxford, advierte que estos métodos suponen un grave riesgo para la población civil, especialmente cuando se usan minas o artefactos remotos.

Aunque muchos de estos explosivos son de fabricación casera —hechos con tubos de metal, PVC o cilindros de gas—, han ganado en sofisticación, usando mecanismos de detonación a distancia y mayor capacidad destructiva. Las fuerzas armadas reportan su empleo frecuente con drones o enterrados como minas antipersonales, lo que complica aún más las labores de seguridad.

El uso intensivo de explosivos en México marca una escalada peligrosa en los métodos del crimen organizado, con impactos directos en las fuerzas de seguridad y en la población civil. Las autoridades aún enfrentan el reto de contener esta amenaza creciente.