En la Ciudad de México, en un lugar conocido como "el Palomar", ubicado bajo la antena principal de Televisa, se desarrollaron durante años campañas de desinformación, odio y mentiras.

Este centro de operaciones estuvo bajo la dirección de Javier Tejado, vicepresidente de la Oficina de Información de Televisa hasta hace poco.

La existencia de este sistema salió a la luz gracias a Germán Gómez, quien trabajó allí durante siete años y filtró cinco terabytes de archivos que incluyen chats, videos, audios e imágenes.

Las investigaciones realizadas por el equipo de la periodista Carmen Aristegui revelaron que desde este lugar se orquestaban ataques no solo contra medios competidores, sino también contra políticos, jueces, periodistas y empresarios.

Por ejemplo, inventaron un escándalo falso contra el hijo de un magistrado molesto para el gobierno, difamaron a la periodista Aristegui durante sus investigaciones contra Televisa, y dañaron la reputación de la aerolínea Interjet, propiedad de Miguel Alemán, hasta su quiebra en 2020.

A pesar del impacto de estas revelaciones, gran parte de los medios tradicionales en México han guardado silencio, mientras que solo algunos medios independientes han informado sobre el caso.

Expertos en comunicación atribuyen este silencio a la histórica complicidad entre los medios y la élite política, así como al temor generado por el poder que Televisa ha ejercido durante décadas en el país.

El profesor Pablo Arredondo, experto en comunicación, señala que México tiene una larga tradición de manipulación informativa y chantajes mediáticos, pero lo que sorprende en este caso es la organización formal y especializada que Televisa creó para llevar a cabo estas campañas sucias.

Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, organización que defiende la libertad de expresión, critica que ni el Congreso ni las autoridades han tomado acciones serias frente a estas revelaciones. Tampoco la presidenta, Claudia Sheinbaum, ha dado seguimiento efectivo, limitándose a decir que los involucrados deben responder personalmente.

Entre los señalados están altos funcionarios, como el consejero jurídico de la presidencia, quien supuestamente usó estos servicios para favorecer su ascenso a la Corte Suprema. Sin embargo, muchas víctimas han preferido guardar silencio por miedo a represalias.

Los expertos coinciden en la urgencia de regular el sistema de medios en México con un código de ética y leyes más estrictas, como las que se discuten en países como Brasil, donde ya hay medidas para frenar campañas de desinformación. En México, sin embargo, los medios se oponen a estas regulaciones y la clase política ha sido negligente en imponerlas.

Aunque Televisa opera bajo una concesión pública que podría ser revocada, no existen mecanismos claros para hacerlo. En contraste, en Europa existen leyes que protegen a grupos vulnerables y regulan los discursos de odio en medios concesionarios, algo aún lejano en México.

En un contexto político polarizado y con tendencia a la concentración del poder mediático y estatal, lograr un equilibrio entre combatir la desinformación y evitar la censura estatal es un desafío complejo para el país.