La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, informó que la revocación de su visa y la de su esposo, Carlos Torres, por parte del gobierno de Estados Unidos, se trató de una “decisión administrativa” sin relación con algún delito o falta.
Durante una conferencia de prensa, la mandataria estatal explicó que la cancelación de sus documentos fue una determinación directa del Departamento de Estado de Estados Unidos, y no está relacionada con ninguna acusación.
“Que el Departamento de Estado de los Estados Unidos haya cancelado mi visa no significa que yo haya cometido algo malo. Es una decisión administrativa, no una acusación. No hay delito, no hay una falta. No se ha comunicado la causa de esta medida".
Marina del Pilar subrayó que hasta el momento no ha recibido una notificación oficial que justifique la medida. A pesar de ello, aseguró sentirse tranquila y confiada en que todo se aclarará.
"Cualquiera que sea la razón, estoy tranquila y con la consciencia limpia de que todo se aclarará".
"Respeto profundamente la soberanía del gobierno de los Estados Unidos, y reconozco su facultad administrativa. Sé que la verdad y el tiempo pondrán las cosas en su lugar", dijo.
"No hay delito ni falta que perseguir"
— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) May 13, 2025
La gobernadora Marina del Pilar Ávila insiste en que el retiro de su visa y la de su esposo es simplemente una cuestión "administrativa". pic.twitter.com/GZqS8rwK6o
La gobernadora denunció que algunos actores políticos y medios han intentado usar esta situación para atacarla sin fundamentos.
“A quienes han querido utilizar esta situación para dañarme también les hablo: jamás le he hecho daño a nadie ni lo haré, porque hay valores que son pilares en mi vida y que me fueron inculcados desde muy niña en mi casa. Así que no le busquen. No hay nada que esconder, no hay nada que averiguar para dañar mi imagen o la de mi persona”, señaló en su mensaje.
Por último, agradeció el respaldo que ha recibido desde que se hizo pública la revocación el pasado 10 de mayo a través de redes sociales:
"Me han dicho que esto que vivimos es una injusticia. A todos, muchas gracias", mencionó, resaltando a colaboradores en el gobierno de Baja California.
Hasta el momento, el gobierno estadounidense no ha emitido una postura oficial sobre el caso.
