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El presidente Andrés Manuel López Obrador, calificó como una “calumnia” un reciente artículo, basado en fuentes de la Agencia de Control Antidrogas (DEA) de Estados Unidos, en el que se señala que el Cartel de Sinaloa presuntamente aportó dos millones de dólares a su campaña presidencial de 2006.
Esto después de que dos reportajes publicados por Propublica y DW —firmados por Anabel Hernández y Tim Golden— aseguraron que el Cártel de Sinaloa financió con 2 millones de dólares la campaña presidencial de AMLO de 2006, a cambio de que su gobierno facilitara sus operaciones y realizara nombramientos a modo.
El presidente destacó que estas afirmaciones carecen de pruebas sustanciales y señaló la ausencia de respaldo alegando que incluso la DEA no encontró elementos para vincular su campaña con actividades ilícitas.
López Obrador cuestionó la ética de permitir la difusión de estas acusaciones y, sin comprometerse a iniciar juicios formales, denunció al gobierno de Estados Unidos por tolerar prácticas "inmorales y contrarias a la ética política".
Haciendo hincapié en la importancia de la transparencia, el presidente instó a que, en caso de tener objeciones, estas se planteen de manera directa en lugar de a través de los medios de comunicación.
El gobernante mexicano también mencionó la posible relación de Nicolás Mollinedo, uno de sus colaboradores más cercanos, con el supuesto pacto del Cartel de Sinaloa.
Basándose en audios obtenidos durante la investigación de la DEA y el Departamento del Tesoro, se afirmó que miembros de la organización delictiva y personas cercanas al presidente participaron en movimientos de dinero ilegal.
Ante la falta de evidencia concluyente, López Obrador denunció que estas acusaciones surgieron en un momento crucial, coincidiendo con los periodos electorales tanto en México como en Estados Unidos. Aprovechó la ocasión para instar a la DEA a aclarar la veracidad de la información presentada y exigir detalles sobre la investigación llevada a cabo.
En el cierre de su declaración, el presidente mexicano destacó su compromiso con la ética política y reiteró que no emprenderá juicios formales, dejando en manos de la DEA la tarea de confirmar o refutar las alegaciones presentadas en el controvertido artículo.
