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Dos informes independientes, publicados el martes por Propublica y DW, coinciden en que el Cártel de Sinaloa habría aportado 2 millones de dólares a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006.
Los periodistas Anabel Hernández y Tim Golden sostienen que este financiamiento buscaba asegurar la facilitación de operaciones y nombramientos favorables en caso de que López Obrador llegara al poder.
Ambos reportajes destacan que el gobierno de Estados Unidos realizó una investigación exhaustiva utilizando testigos protegidos y diversas indagatorias en ambos lados de la frontera. Incluso se llevó a cabo una operación encubierta para contactar con personas cercanas al actual presidente de México.
Según los informes, Nicolás Mollinedo, exchofer de López Obrador, y Mauricio Soto, actual miembro del congreso nacional de Morena, habrían recibido el dinero y se comprometieron a cumplir las demandas del crimen organizado.
La publicación de Anabel Hernández afirma que López Obrador agradeció telefónicamente a Édgar Valdez Villarreal, conocido como "La Barbie", por el apoyo recibido.
Tim Golden señala que la investigación no concluyó si López Obrador tenía conocimiento de las donaciones de los traficantes, pero sí evidencia de que "uno de los colaboradores más cercanos de López Obrador había aceptado el acuerdo propuesto".
El vínculo entre criminales y allegados a López Obrador se habría originado en una reunión en Puerto Vallarta en enero de 2006. Francisco León García, empresario minero que se postuló al Senado con la alianza de López Obrador, habría convocado la reunión, contando con el respaldo y conocimiento del propio AMLO.
En dicho encuentro se habría acordado que, a cambio de financiamiento, el futuro gobierno de López Obrador seleccionaría funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que ayudaran a los traficantes.
Las versiones señalan que el dinero fue entregado en tres ocasiones en una casa de la colonia Polanco, donde Mollinedo y Soto Caballero tenían una oficina. La entrega la habría realizado Roberto López Nájera, operador de los Beltrán Leyva, quien más tarde se entregó a la DEA y se convirtió en testigo protegido.
La investigación habría sido cancelada por falta de apoyo en las altas esferas del gobierno estadounidense, que evitó intervenir en los comicios presidenciales de 2012 y enfrentaba críticas continuas por el fracaso de la operación Rápido y Furioso.
VER: DW- El Cartel de Sinaloa financió la campaña de AMLO en 2006 / I
VER: PROPUBLICA: Did Drug Traffickers Funnel Millions of Dollars to Mexican President López Obrador’s First Campaign?
