Los jóvenes Jorge Ramírez García y Julio Ignacio Hernández Pérez, fueron detenidos porque inicialmente alteraban el orden público al encontrarse en la privada Ignacio Allende de la colonia Antonio Barona bajo los efectos del alcohol, razón por la cual una mujer solicitó apoyo a la Policía Preventiva.

Los uniformados llegaron al lugar para llamarles la atención a los jóvenes, pero fueron recibidos con agresiones verbales.

La defensa en la audiencia de ayer culpó a los policías de extralimitarse en sus funciones, pues los imputados incurrieron en una falta administrativa y no en un delito, razón por la cual señalaron que no tenían porqué ser revisados en sus pertenencias por los policías, pero la Fiscalía argumentó que los detenidos accedieron y fue cuando en sus ropas les encontraron varias bolsas con cocaína y mariguana.

“Presumimos que la idea era venderla porque resultaron negativos en el consumo de estas drogas”, argumentó la Fiscalía.

La audiencia se dio en medio de una serie de argumentaciones entre los defensores privados y la Fiscalía, pues los primeros se quejaron porque sus clientes fueron entregados al Ministerio Público cinco horas después de la detención y, por ese simple motivo, consideraron que se trató de una ilegalidad.

“La ley muy clara y dice textual (sic): los detenidos tienen que ser entregados de manera inmediata al Ministerio Público y no cinco horas después”, afirmaron ambos abogados cuando se les dio el uso de la palabra.

Sin embargo el juez Tomás Mateos Morales reconoció que hay una laguna en la ley y que la propia jurisprudencia, que ha sido emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no se da un lapso de tiempo, es decir, no habla de horas, ni de minutos y en el caso de los jóvenes consideró que la detención sí fue legal, porque tras la detención estos fueron llevados al médico legista, lo que tomó tiempo, se elaboró la puesta a disposición y se puso a disposición, “digamos que es un tiempo considerable para los trámites”, añadió el juzgador.

De acuerdo a la Fiscalía General del Estado (FGE) los dos hombres traían la suficiente droga para presumir que pretendían venderla, razón por la cual consideró que los mismos tienen que ser llevados a juicio oral.