Este jueves, los magistrados Rubén Jasso Díaz, Guillermina Jiménez Serafín y Elda Flores León sesionaron por la mañana para analizar un video que presentó como prueba la Fiscalía General del Estado (FGE) para solicitar la recusación de la magistrada María del Carmen Verónica Cuevas López, presidenta de dicha sala, pues, según la ministerio público, ésta se reunió con el ex secretario de Gobierno Sergio Álvarez Mata para negociar la libertad de Alfredo Jaime de la Torre.

En la audiencia de ayer estuvo presente la magistrada Guillermina Jiménez Serafín, quien sustituyó a Cuevas López, porque la última ha sido cuestionada por su cercanía con el ex senador.

La prueba fue analizada en la Sala de Juicios Orales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), sin público, pues la audiencia tuvo lugar a las ocho de la mañana y solamente fueron informadas las partes del proceso. Sin embargo, personal del TSJ (que pidió el anonimato) refiere que en el video no se aprecia que el que también fuera secretario de Gobierno Sergio Álvarez Mata estuviera en una mesa del restaurante, ubicado en el poblado Acapantzingo de Cuernavaca, con la magistrada.

“Únicamente se ve a la magistrada cuando llega al lugar en su carro y desciende del mismo, en compañía de su esposo”, dijo la fuente.

Sin embargo, los tres magistrados se reunirían –hoy por la mañana– para dar a conocer su fallo, en el que se determinará si su compañera Cuevas López es recusada para conocer de la apelación que interpuso la defensa de Alfredo Jaime de la Torre.

El abogado del ex funcionario, Cipriano Sotelo Salgado, al término de la audiencia, afirmó que los magistrados deben llamar la atención a la fiscal del caso, “pues ella faltó al principio de lealtad y objetividad, al pretender incorporar una prueba que no muestra nada. Más bien parece ser una artimaña para tener a mi cliente más tiempo en prisión”.

Sotelo Salgado indicó que al término de la audiencia, donde se determinará si la magistrada debe o no conocer sobre el asunto del ex secretario, se citará a una más ese mismo día, pues en la segunda se analizará el recurso de apelación en contra del auto de vinculación.

En la audiencia de vinculación a proceso celebrada el pasado 14 de marzo, la Fiscalía Contra Delitos Cometidos por los Servidores Públicos acusó al ex funcionario del desvío de 71 millones de pesos al pago de liquidaciones de los funcionarios que fueron despedidos al finalizar la administración pasada, y el resto lo dispuso para el pago de obra pública y gasto corriente.

La fiscalía indicó que la información la tiene respaldada a través de oficios que le han sido entregados por el gobierno actual y que servirán de prueba para demostrar el quebranto que el ex funcionario provocó, al no cumplir con el pago de las cuotas de más de ocho mil empleados del Poder Ejecutivo local, ya que el dinero que desvió tenía que ser entregado al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado.

La defensa, en su impugnación, asegura que no hay elementos para vincular a proceso a su cliente, pues sostiene que el dinero no fue para uso del imputado, sino para cumplir con los compromisos que la pasada administración panista tenía con sus acreedores.

Finalmente, será hoy por la mañana cuando los magistrados sometan a votación si el funcionario público será o no puesto en libertad, pues sus abogados han insistido que no hay delito, y que en caso de que existiera, no puede ser el peculado.