Said Basave Gómez, uno de los abogados del imputado, consideró que en el asunto de su cliente hay presiones políticas, pero adelantó que recurrirá a otros recursos para dejar sin efectos el auto de vinculación a proceso.

Alfredo Jaime de la Torre fungió como titular de Planeación y Finanzas del primero de febrero al 30 de septiembre del 2012, según señala un documento integrado al expediente y que fue proporcionado por la Dirección de Recursos Humanos del gobierno local.

De acuerdo a la Fiscalía Contra Delitos Cometidos por los Servidores Públicos, el acusado desvió 71 millones de pesos al pago de liquidaciones de los funcionarios que fueron despedidos al término de la administración pasada, y el resto lo dispuso para el pago de obra pública y gasto corriente. La fiscalía indicó que la información la tiene respaldada a través de oficios que le han sido entregados por el gobierno actual, y que servirán de prueba para demostrar el quebranto que el ex funcionario provocó, al no cumplir con el pago de las cuotas de más de ocho mil empleados del Poder Ejecutivo local.

“El quebranto o daño no sólo fue al gobierno del estado, sino también a los trabajadores porque hay que recordar que el Instituto de Crédito al Servicio de los Trabajadores del Gobierno del Estado (ICSTGE) es un órgano que funciona gracias a cuotas bipartitas (aportaciones del patrón y de los empleados) y esto le impidió tener una liquidez para trabajar de manera óptima”, indicó la fiscalía.

En la audiencia de ayer, estuvieron en el público el procurador fiscal del estado, Juan Salazar Núñez, así como el director del ICSTGE Armando Sanders y ambos escuchaban la exposición que realizaba la fiscalía.

La agente del ministerio público adscrita al asunto dijo contar con más de seis oficios en los que se le requirió al ex secretario de Planeación y Finanzas el pago, pero este no lo hizo, no obstante que estaba obligado a ello.

“Como prueba habremos de presentar el periódico oficial “Tierra y Libertad”, con lo que se demuestra que los recursos estaban etiquetados, y que su destino era cumplir con el pago de cuotas, y no hacerlo constituye un delito”, afirmó la fiscal.

La defensa del imputado no presentó pruebas de descargo, pero sí dijo que analizará el auto emitido por el juez para poder combatirlo, ya sea en un amparo o a través del recurso de casación.

“Nosotros siempre hemos sido muy respetuosos de las decisiones de los jueces, pero nos parece (que) hay otro tipo de presiones, que no son estrictamente legales, es por ello que nos allegaremos de los recursos que nos proporcione la ley”, afirmó el abogado defensor.