El imputado Marco Antonio Carreón González se negó a rendir su declaración preparatoria y fue asistido por una interprete, ya que no domina el idioma español.

La defensa consideró que no hay suficientes pruebas para vincular a su cliente, pero la Fiscalía insistió que el presunto culpable fue detenido por la Policía Municipal, cuando llevaba consigo la pistola en la mano, la cual (según pruebas periciales) fue utilizada para privar de la vida a Sergio “N” de 28 años, el pasado 16 de febrero en las calles Leandro Valle esquina con Vicente Guerrero, en el centro de Cuentepec.

La defensa alegó que no existe el nexo causal, es decir no se le puede relacionar a su cliente con el homicidio, pero el juez, al leer el auto emitido, afirmó que sí lo hay, pues el principal indicio es que el hombre traía consigo la pistola 22 con la que se le provocó la muerte al joven, cuando fue detenido por la Policía Municipal de Temixco, minutos después de los hechos.

El nexo causal es el vínculo que hay entre el sujeto activo y el hecho delictivo, y, según el juzgador, no hay duda sobre la acreditación del mismo.

La Fiscalía explicó que de acuerdo a los datos que obran en la carpeta de investigación, el ahora occiso se encontraba con dos amigos en las calles ya mencionadas, cuando fueron abordados por otros sujetos, entre ellos el imputado, el cual -se presume- le disparó a quemarropa al joven.

El ahora detenido trató de huir, pero fue detenido por la Policía Municipal con la pistola en la mano, que se supone se utilizó para cometer el ilícito.

“La necropsia revela que el occiso sufrió una fractura en la bóveda craneal, y que la bala entró en uno de los ojos”, indicó el fiscal al hablar sobre las pruebas en contra del imputado.

“Además la parte de la bala que se extrajo corresponde a una pistola calibre 22, que fue la misma con la que se le dio muerte”, indicó el ministerio público.

El juez pidió al traductor que le explicara al detenido, que hasta el momento, hay indicios de la participación del indígena en el homicidio y por ello permanecería en el penal de Atlacholoaya en prisión preventiva.

La fiscal del caso pidió cuatro meses para integrar todas las pruebas, pues indicó que tendrá que buscar testigos de los hechos, pero la defensa consideró que era mucho tiempo, tomando en cuenta que su representado estaría en prisión, por lo que el juez otorgó tres meses para celebrar la audiencia intermedia que servirá de preámbulo para el inicio del juicio oral.