La defensa de la mujer reconoció que su cliente tuvo suerte, pues sumando las penas máximas de los dos delitos por los que se le culpa (lesiones graves y violencia intrafamiliar), totalizan cinco años y 11 meses. Es decir, un mes más y no habría obtenido su libertad, pues el Código Procesal Penal concede este beneficio sólo a aquellos que cometen ilícitos cuyas penas no sean de más de seis años.

La imputada, María Concepción Vergara, es acusada por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de golpear a su hijo menor de cinco años, al que le provocó lesiones graves, según señala el dictamen elaborado por un médico legista.

Nerviosa, la mujer miraba el reloj digital de la sala cinco de Juicios Orales, como tratando de evadir su realidad, pues era notorio que aguantaba el llanto: Desviaba su mirada para no ver al juez que la cuestionaba si estaba o no consciente del delito del que es acusada.

Ella, con los ojos vidriosos y al borde de las lágrimas, dijo que sí, y afirmó que su abogado le explicó que para estar libre no podría acercarse a sus hijos hasta que un psicólogo lo determinara.

La fiscal contra la violencia intrafamiliar estaba acompañado por un representante del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia (DIF), que dijo que los cinco hijos de María actualmente viven con su abuela paterna, pero si ella quería salir libre tenía que mantenerlos y no acercárseles.

En la audiencia se invocó la Convención de Protección para los Menores, firmada por México con otros 50 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que entre otras cosas establece que primero es la integridad física y mental de los niños, que los derechos de un imputado.

El juez le advirtió a la mujer -que está en prisión preventiva desde el 8 de enero- que estaría libre pero tenía que pagar los alimentos de sus cinco hijos y por ello le fijó una pensión de 500 pesos a la semana. También tiene que encontrar un empleo, y el dinero lo debe entregar a su hermano para que este a su vez lo pague a la mujer que actualmente cuida de los menores.

“¿Está consciente de lo que esto implica?”, preguntó el juez, y la mujer, para no soltar el llanto, sólo movió la cabeza en señal de que le quedaba claro cuáles eran las condiciones.

Fue entonces cuando el abogado defensor pidió la voz para evitar el llanto de su cliente y remató: “Ella ya sabe su señoría, pues le comenté qué tenía que hacer, y que no puede estar cerca de los niños hasta que lo determine un psicólogo”.

De acuerdo al dictamen del médico legista, los golpes que la mujer le propinó a su hijo tardan en sanar más de 30 días. Por ello es que el DIF pidió la acción legal contra la mujer y por consiguiente entregó a los cinco niños a la abuela, pero ayer, el representante del organismo no se opuso a la libertad aunque advirtió que si esta deja de cumplir con cualquiera de los requisitos, el propio DIF pedirá al juez su reaprehensión y no podrá enfrentar el juicio en libertad.

La mujer dijo estar arrepentida y aceptó las condiciones, por lo que ayer mismo por la tarde fue puesta en libertad tras permanecer más de tres semanas en el Penal de Atlacholoaya.