El abogado del investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Cipriano Sotelo Salgado, al término de la audiencia de ayer que se llevó a cabo a las 15:00 horas en la Primer Sala de Juicios Orales, anunció que interpondrá un recurso de inconformidad, pues es la cuarta ocasión que el tribunal local le niega la libertad a su cliente, pese a que la justicia federal le ha otorgado la razón.

“Estamos analizando el siguiente paso, pero es casi un hecho que promoveremos un recurso de inconformidad, porque consideramos que no se está cumpliendo lo que dispuso el Juzgado Segundo de Distrito con sede en Morelos”, agregó el litigante.

El homicidio de la doctora Yadira Dávila Martínez, presumiblemente fue cometido por su marido, ya que se declaró culpable ante un juez pero indicó que el asesinato fue imprudencial, pues lo cometió cuando sostenía relaciones sexuales “diferentes” con su mujer.

La polémica en torno a este caso, ha surgido porque en su declaración el biólogo confesó que tras descubrir que su mujer estaba muerta, por consejos de un abogado tiró el cadáver en un lote baldío del municipio de Xochitepec, y reportó ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) la desaparición de su cónyuge.

El caso fue ventilado en los medios nacionales, pues el rector de la UNAM, José Narro, exigió a la Procuraduría local esclarecer el homicidio, cuya investigación concluyó con la detención del científico.

La defensa basó su estrategia en el sentido de que el artículo 129 del Código Penal, considera que es “excluyente de responsabilidad” cuando el homicidio lo comete el cónyuge de manera imprudencial, pero en otro párrafo señala que siempre y cuando le brinde ayuda, situación que cambia la hipótesis, según los jueces, pues Miguel Ángel no ayudó a su mujer.

En la audiencia de ayer, los jueces, Jorge Gamboa Olea, Leticia Damián Avilés y David Ricardo Ponce, insistieron que a su juicio no se puede anular lo actuado, ni tampoco se puede decretar la excluyente de responsabilidad, así que señalaron que el juicio oral debe seguir su curso.

Ramírez Romero está en prisión preventiva desde hace dos años, sin que reciba la sentencia, debido a que su abogado ha recurrido a la justicia federal, lo que ha parado el procedimiento.

Tras la lectura del auto de ayer, el litigante Sotelo Salgado anunció que nuevamente recurrirá a la justicia federal para interponer un recurso de inconformidad, y que la autoridad federal determine si los jueces locales tienen o no que ser sancionados por negarse a acatar la resolución del amparo.