Los abogados de los cuatro imputados pretendieron reclasificar el delito de robo calificado a robo simple, pero el juez consideró que hubo agravantes como violencia moral y física, además de la cuantía, por lo que tendrán que permanecer en prisión preventiva.

El juzgador concedió la razón a los abogados que desacreditaron el peritaje, pues este señalaba que el monto de lo robado rebasaba los 23 mil pesos, pero no se tomó en cuenta el uso de cada uno de los objetos hurtados.

Los vinculados a proceso, César Pineda Espino, Ricardo de la O. Ibáñez, Luis Daniel Barrera Alemán y Édgar Arroyo García, fueron detenidos porque uno de los teléfonos que se presume robaron, entre sus funciones tiene GPS, y fue así como se percataron que los responsables estaban en la colonia Estrada Cajigal.

En la carpeta de investigación, los tres jóvenes agraviados declararon que el pasado 11 de enero a las 21 horas, caminaban en la calle Lázaro Cárdenas de la colonia Teopanzolco, y que fueron abordados por cinco sujetos que viajaban en tres motocicletas.

Uno de ellos los amenazó con una pistola y otro los golpeó, mientras que los otros tres los despojaron de sus teléfonos, computadora, una mezcladora de música y tarjetas de débito.

Los cinco sujetos escaparon a bordo de tres motocicletas, y fue cuando una de las víctimas recordó que su teléfono tenía GPS, así que fueron a un comercio donde rentaron una computadora y así dieron con el paradero de los presuntos ladrones.

Junto con la Policía Preventiva estatal localizaron a los imputados en la colonia Estrada Cajigal, y al hacerles una revisión corporal, solamente localizaron uno de los teléfonos.

Los abogados de los imputados insistieron que las víctimas, hasta ese momento, no habían acreditado la propiedad de los objetos que se presume les fueron robados, por lo que pedían al juez no los vinculara a proceso. “Lo que afirma la fiscalía simplemente no concuerda, pues el teléfono que según la víctima, tiene GPS, no aparece; entonces cómo los localizaron”, insistían los litigantes.

El juez al dar lectura al auto de vinculación, dijo que hay indicios para presumir la responsabilidad de los detenidos, aunque no se les encontraran la mayoría de los objetos robados y la pistola, pues fueron sorprendidos por la policía en las motocicletas que utilizaron para escapar.

Por ello, otorgó cuatro meses a la fiscalía y defensores para buscar las pruebas necesarias e iniciar el juicio oral.

Finalmente, el juez se negó a la petición de los defensores de cambiar la medida cautelar de los detenidos de prisión preventiva por el pago de una fianza, pues este consideró que se trata de un robo calificado como delito por el que no pueden obtener ningún beneficio de ley.