Con base en esta información, la cuestionable “labor” de los otrora servidores públicos que se encontraban adscritos a distintas corporaciones, refleja que la crisis en las corporaciones continúa manifestándose.

Tal es el caso de la reciente privación ilegal de la libertad de un jefe policial de Cuernavaca y la ejecución de un policía preventivo de Jiutepec que se han registrado durante los primeros días del año.

Según una versión no confirmada sobre el “levantón” del que fue víctima Manrique González Acosta, el caso no se trató de una simple confusión como una fuente oficial dio a conocer, sino de un hecho que revela la infiltración de la delincuencia organizada en las filas de la corporación.

Las bajas de un subprocurador, dos jefes de la Policía Ministerial, dos directores de igual número de corporaciones municipales, además de la de un director del penal de Atlacholoaya y otros más se deben a que algunos pudieran haber caído en cumplimiento de su deber y otros contrariamente a esta misión.

Los más de un centenar de ex policías morelenses detenidos por el Ejército, la Marina y agentes federales tienen un factor común y se trata de la protección que brindaron al narcotráfico, según lo revelan los comunicados emitidos por las autoridades federales.

Aunado a esto, las investigaciones que han derivado de dichos casos mantienen al menos a una veintena de “narcopolicías” prófugos de la justicia por sus presuntos vínculos y actualmente son identificados como integrantes en activo de cárteles del narcotráfico que libran la guerra por el control del territorio.