El Poder Judicial de Perú declaró improcedente una acción de habeas corpus que buscaba obligar al Ejecutivo a otorgar un salvoconducto a la ex primera ministra Betssy Chávez para que pudiera viajar a México como asilada política.

La decisión fue tomada por el juez constitucional de Lima, Iván Cabrera, quien rechazó el recurso presentado el 25 de noviembre de 2025 por el ciudadano Rubén Serpa Valdez. La demanda alegaba una supuesta vulneración de la libertad personal de Chávez y se dirigía contra varias instituciones del Estado peruano.

En su resolución, el magistrado también desestimó otros pedidos, como impedir una posible intervención de autoridades peruanas en la Embajada de México en Lima y dictar medidas urgentes de protección para el lugar y sus ocupantes.

El recurso se basaba en declaraciones del entonces presidente José Jerí, quien habría sugerido la posibilidad de ingresar por la fuerza a la sede diplomática para ejecutar una orden de prisión preventiva contra Chávez.

Sin embargo, el juez concluyó que esta supuesta amenaza no es verificable ni inmediata. Además, señaló que las autoridades han descartado una intervención forzosa y que Jerí ya no ocupa el cargo, lo que reduce cualquier posibilidad de acción en ese sentido.

La resolución, fechada el 10 de abril, también indica que la solicitud de salvoconducto no tiene relevancia constitucional, ya que no se evidencia una afectación directa a la libertad personal de la ex primera ministra. Según el juez, su permanencia en la embajada responde a una decisión voluntaria.

Asimismo, se precisó que no existe una negativa formal del Ejecutivo para otorgar el salvoconducto, ya que la solicitud sigue en evaluación como parte de un proceso político y diplomático.

El juez dispuso que, una vez que la resolución quede firme, el caso sea archivado definitivamente.

Betssy Chávez fue condenada el 4 de diciembre de 2025 a once años, cinco meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para rebelión, en relación con el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. La sentencia incluye una orden de captura a nivel nacional e internacional.

Actualmente, Chávez permanece en la residencia de la Embajada de México en Lima, luego de que el Gobierno mexicano le otorgara asilo diplomático, lo que provocó la ruptura de relaciones entre ambos países.