El gobierno de Perú reafirmó que no planea entrar por la fuerza a la residencia de la embajada de México en Lima para capturar a la ex primera ministra Betssy Chávez, asilada en ese país tras ser condenada a 11 años y cinco meses de prisión junto al expresidente Pedro Castillo por el fallido intento de golpe de Estado de 2022.

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo De Zela, aseguró que esta opción “ni siquiera se está considerando” y destacó que la postura peruana se mantiene desde que México concedió el asilo a Chávez.

Desde hace dos semanas, Perú ha delegado en Brasil el cuidado de las sedes diplomáticas mexicanas tras la ruptura de relaciones con ese país.

De Zela también indicó que durante su visita a Washington la semana pasada discutió con representantes de varios países ante la OEA las consultas del gobierno peruano sobre la Convención de Caracas (1954), que regula el asilo político y diplomático.

El Ejecutivo considera que México ha desvirtuado este procedimiento al otorgarle el asilo a Chávez, sobre quien rechaza que exista persecución política.

Según la Convención, no se puede conceder asilo a procesados o condenados por delitos comunes, pero corresponde al Estado receptor determinar si el caso constituye persecución política.

Perú ha condicionado la entrega de un salvoconducto para que Chávez pueda viajar a México a este proceso de consultas ante la OEA.

Chávez fue sentenciada por conspiración para la rebelión, debido a su vinculación con el mensaje de Castillo del 5 de diciembre de 2022, en el que el entonces presidente ordenó cerrar el Congreso e intervenir la Judicatura.

El intento no prosperó y Castillo fue detenido mientras aparentemente se dirigía a la embajada mexicana, donde su familia recibió asilo ese mismo día.