El expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022) fue condenado este jueves a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para una rebelión, relacionado con el fallido intento de golpe de Estado ocurrido el 7 de diciembre de 2022.

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema determinó que Castillo no consumó el delito de rebelión, ya que sus acciones golpistas no se concretaron. Por esta razón, la Fiscalía redujo su solicitud de pena de 34 años a la que finalmente impuso el tribunal.

Ese día, Castillo emitió un mensaje en el que ordenaba disolver temporalmente el Congreso, intervenir la Judicatura y gobernar por decretos, tras enfrentarse a una nueva moción de destitución en su contra por presunta corrupción.

Sin embargo, su pronunciamiento no tuvo efecto y fue detenido minutos después mientras se dirigía aparentemente a la Embajada de México, donde su familia logró asilo. Posteriormente, el Congreso lo destituyó y fue recluido en prisión.

Castillo fue absuelto de abuso de autoridad y grave perturbación del orden público, pero se le prohibió ejercer cargos públicos por dos años y deberá pagar 3,5 millones de dólares de indemnización junto a sus coacusados.

La misma pena fue impuesta a la ex primera ministra Betssy Chávez, actualmente asilada en la Embajada de México, y al exministro del Interior Willy Huerta, cuya sentencia podría suspenderse si apela.

El ex primer ministro Aníbal Torres, de 82 años, recibió seis años y ocho meses de cárcel, pero la pena fue dejada sin efecto por razones humanitarias.

En contraste, los exjefes policiales Manuel Lozada y Justo Venero fueron absueltos de los cargos.

La sentencia se emitió pocos días antes de que venciera el plazo de tres años de prisión preventiva de Castillo, lo que habría significado su liberación si no se dictaba el fallo.