La Fiscalía de Perú solicitó al Poder Judicial que prohíba la salida del país a la expresidenta Dina Boluarte por un periodo de hasta 36 meses, en medio de múltiples investigaciones por presunta corrupción y violaciones a los derechos humanos durante su gestión de casi tres años, tras asumir el cargo tras la destitución de Pedro Castillo.
El pedido se centra en tres de al menos 11 procesos abiertos contra Boluarte. Por casos de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, se propone una restricción de 18 meses; mientras que por presunto lavado de dinero, la medida sería de 36 meses.
Entre las investigaciones se incluyen supuestas designaciones irregulares de funcionarios en EsSalud, pagos de beneficios sociales a allegados y la recolección de dinero para cubrir reparaciones civiles del líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón.
Asimismo, la exmandataria es indagada por la represión de protestas que dejó al menos 49 fallecidos, recepción de regalos lujosos no declarados, ocultar su incapacidad física tras cirugías estéticas y falsificación de firmas en decretos oficiales.
Tras su destitución, Boluarte permaneció en su domicilio, desmintiendo rumores sobre un posible asilo político en embajadas de Argentina, Brasil o Ecuador. Sin embargo, ciudadanos protestaron frente a la Embajada de Ecuador en Lima intentando impedir su ingreso.
Boluarte, la primera mujer en asumir la presidencia de Perú, fue destituida de manera exprés tras perder apoyo político y registrar apenas un 3% de aprobación.
El Congreso aprobó su salida con 123 votos a favor de 130, y en su reemplazo asumió de manera interina José Jerí, presidente del Congreso y séptimo mandatario desde 2016.
