Este domingo, al cumplirse una semana de las protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) contra el alza del diésel y otros reclamos, se registró la muerte de un manifestante, 12 militares heridos y 17 detenidos, en medio de denuncias de represión y acusaciones de emboscadas.
La provincia andina de Imbabura, especialmente Otavalo, se mantiene como epicentro de las movilizaciones.
El lunes, un millar de manifestantes atacó un destacamento policial, dañó instalaciones e incendió diez vehículos, lo que derivó en detenciones, incluidos 12 indígenas procesados por terrorismo y dos venezolanos señalados por presunta vinculación con la banda criminal “Tren de Aragua”.
La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, calificó los ataques como “emboscadas” y destacó que se trata de acciones de estructuras criminales, diferenciando estos hechos de los manifestantes pacíficos.
En respuesta, la Conaie denunció la muerte de Efraín Fuerez, comunero indígena de Cuicocha, por un impacto de bala de las Fuerzas Armadas, y rechazó el uso letal de la fuerza.
Las tensiones continúan: un contingente con ayuda humanitaria partió desde Quito hacia el norte, mientras la Conaie alertó sobre un posible incremento de la represión y denunció bloqueos y limitaciones de internet en comunidades de Cotacachi, Otavalo y Bolívar.
Además, la Empresa de Agua Potable de Ibarra informó interrupciones en el servicio de agua en Caranqui debido a daños en la red por las protestas.
Las movilizaciones se iniciaron tras la eliminación del subsidio al diésel, que elevó su precio de 1,80 a 2,80 dólares por galón, y se han registrado en al menos cinco provincias.
La Conaie exige la liberación de los detenidos y la derogación del decreto, mientras el presidente Daniel Noboa sostiene la medida, argumentando beneficios para los sectores más vulnerables y la lucha contra grupos criminales vinculados al narcotráfico y la minería ilegal.
Históricamente, el movimiento indígena ha logrado frenar medidas similares en 2019 y 2022, cuando las protestas obligaron a los presidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso a revertir la eliminación de subsidios.
