Nepal atraviesa una profunda crisis política y social tras una semana de protestas masivas lideradas por jóvenes en rechazo a la prohibición de 26 redes sociales, incluyendo Facebook, WhatsApp, Instagram y YouTube, por parte del gobierno.
La medida fue justificada por las autoridades como un intento de controlar noticias falsas, discursos de odio y fraudes en línea, pero críticos señalan que otorga al gobierno amplios poderes para censurar contenido.
El martes, el primer ministro K.P. Sharma Oli presentó su renuncia con efecto inmediato, luego de enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad que dejaron al menos 22 muertos, según el Hospital de Servicio Civil de Nepal. Previamente, el lunes, el ministro del Interior Ramesh Lekhak también dimitió por razones morales tras las muertes.
Las protestas, protagonizadas principalmente por la Generación Z, incluyeron la quema de edificios gubernamentales, incluida la oficina y residencia del primer ministro, el Parlamento y la sede del Tribunal Supremo. El aeropuerto Internacional Tribhuvan de Katmandú permanece cerrado.
Las manifestaciones se han coordinado principalmente a través de plataformas digitales, a pesar del bloqueo, y se han extendido a varias ciudades importantes, incluidas Pokhara e Itahari.
El malestar de los jóvenes no se limita a la restricción de redes sociales, sino que también refleja un descontento generalizado por corrupción, nepotismo y problemas económicos persistentes.
Con 30 millones de habitantes y un 43% de la población entre 15 y 40 años, Nepal enfrenta ahora un período de incertidumbre política mientras busca soluciones a la creciente crisis social y económica.
Transparencia Internacional sitúa a Nepal en el puesto 107 de 180 países en su Índice de Percepción de la Corrupción. Activistas destacan que la desigualdad y la falta de oportunidades laborales, con un desempleo juvenil superior al 22%, alimentan la frustración social.
Más del 20% de la población vive en pobreza, y el 10% más rico gana más del triple que el 40% más pobre, según datos del Banco Mundial.
Amnistía Internacional solicitó una investigación independiente sobre las muertes, mientras que las autoridades continúan empleando gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a los manifestantes.
Cabe mencionar que Sharma Oli, líder del Partido Comunista nepalí, inició su cuarto mandato el año pasado tras formar una coalición con un partido de centroizquierda.
