El Congreso de Perú debatirá en el pleno una moción para declarar persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, debido a su respaldo al expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022), encarcelado y procesado por el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022.

La iniciativa obtuvo en la Comisión de Relaciones Exteriores doce votos a favor y seis en contra, quedando lista para su discusión en el pleno, donde se decidirá si se ratifica o se archiva.

La moción fue impulsada por el congresista fujimorista Ernesto Bustamante, presidente de la comisión, junto con la también fujimorista Patricia Juárez y la derechista María del Carmen Alva.

Según los proponentes, Sheinbaum “mostró una conducta hostil hacia el Perú desde que asumió su cargo en octubre de 2024, al desconocer la sucesión constitucional tras la vacancia (destitución presidencial) de Pedro Castillo y al referirse a él como ‘legítimo presidente del Perú'”.

Bustamante señaló que las recientes declaraciones de la mandataria mexicana, en las que pidió la excarcelación de Castillo tras reunirse con un abogado defensor del exmandatario, representan un agravio.

“La moción es en castigo a la señora Claudia Sheinbaum, sus declaraciones altisonantes y ofensivas para el Perú y para la constitucionalidad y el respeto a las instituciones”, afirmó.

En la misma línea, María del Carmen Alva aclaró que la medida no está dirigida contra México.

“Este no es un acto contra el pueblo mexicano al que nos une una historia y amistad, sino una defensa legítima de la dignidad nacional. El Perú exige respeto a su soberanía y a sus instituciones. No podemos permitir que se minimice un intento de golpe de Estado ni que se distorsione nuestra democracia”.

Sin embargo, voces críticas como la del congresista de izquierda Álex Flores consideran que las declaraciones de Sheinbaum deben interpretarse como opiniones personales y no como injerencia directa.

Pedro Castillo enfrenta un proceso por rebelión, luego de anunciar el 7 de diciembre de 2022 en un mensaje televisado su intención de disolver el Congreso, intervenir en el Poder Judicial y gobernar por decretos.

Minutos después fue destituido por el Legislativo y detenido cuando intentaba llegar a la Embajada de México en Lima. Desde entonces permanece en prisión preventiva, mientras la Fiscalía solicita 34 años de cárcel en su contra.

La crisis política que siguió al golpe frustrado de Castillo deterioró la relación diplomática entre México y Perú, especialmente tras la llegada al poder de Dina Boluarte, respaldada por fuerzas conservadoras en el Congreso.

En este contexto, el Parlamento peruano ya ha declarado persona non grata a otros líderes de izquierda que apoyaron a Castillo, como el expresidente boliviano Evo Morales y el presidente de Colombia, Gustavo Petro.