El expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, fue detenido nuevamente este jueves bajo custodia policial debido a varios cargos relacionados con su intento fallido de declarar la ley marcial en diciembre pasado.
La orden de arresto fue emitida de madrugada por el juez Nam Se-jin, del Tribunal del Distrito Central de Seúl, tras una solicitud del fiscal especial Cho Eun-suk. La Fiscalía argumentó que existía riesgo de que Yoon pudiera destruir pruebas importantes para la investigación.
Entre los cinco cargos presentados contra Yoon se encuentran obstrucción de deberes oficiales, violación de la ley del Servicio de Seguridad Presidencial, abuso de autoridad, falsificación de documentos oficiales y manipulación de registros públicos.
El expresidente y su equipo legal rechazaron todas las acusaciones en la audiencia previa a su arresto. Posteriormente, Yoon fue trasladado al Centro de Detención de Seúl, en Uiwang, donde quedó bajo custodia.
Esta es la segunda detención de Yoon. La primera ocurrió en enero, cuando ya había sido suspendido tras un juicio político en el Parlamento, pero antes de su destitución definitiva en abril. La Corte Constitucional anuló su decreto de estado de excepción, calificándolo de inconstitucional.
La investigación revela que Yoon intentó justificar la declaración de la ley marcial a través de decisiones y maniobras irregulares. Un punto clave fue la reunión del gabinete convocada el 3 de diciembre de 2024, en la que solo asistieron 10 de los 19 ministros, todos leales a Yoon, excluyendo a quienes podrían oponerse.
La reunión duró menos de cinco minutos, aunque se falsificaron actas para simular una sesión más larga y con mayor debate.
Además, Yoon habría ordenado a su portavoz difundir información falsa en medios extranjeros, asegurando que la ley marcial no violaba la Constitución y que los legisladores no fueron impedidos para votar la suspensión del estado de emergencia.
Entre otras acusaciones, se señala que Yoon pidió a su personal de seguridad que desenfundaran armas para intimidar en caso de un intento de arresto, y que ordenó la eliminación de registros cifrados usados por militares implicados en el caso.
También se detectaron documentos con fechas falsas creados para justificar legalmente la ley marcial, que luego fueron destruidos.
