El gobierno de Estados Unidos ha designado oficialmente a la coalición de pandillas en Haití Viv Ansanm, que significa "Viviendo Juntos", como una organización terrorista extranjera, una medida que podría agravar aún más la ya crítica situación humanitaria en el país.

Viv Ansanm, que agrupa a más de una docena de bandas criminales, es responsable del control de al menos el 85% de la capital, Puerto Príncipe.

Esta coalición fue creada en 2023, cuando se unieron los grupos rivales G-9 y G-Pèp, y ha intensificado su control territorial con ataques y actos violentos, incluyendo la liberación masiva de prisioneros y el cierre del principal aeropuerto del país.

Además, la banda más poderosa de Haití, Gran Grif, que opera en la región central de Artibonite, también fue incluida en esta lista.

La decisión fue anunciada el martes por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que advirtió que cualquier transacción con estas organizaciones podría poner en riesgo a los ciudadanos estadounidenses de enfrentar sanciones.

Este movimiento se produce en un momento de creciente violencia de pandillas en Haití, que entre enero y marzo de 2025 ha dejado más de 1,600 muertos y miles de heridos.

La violencia también ha desplazado a más de un millón de personas y ha intensificado la crisis alimentaria, con más de la mitad de la población haitiana enfrentando hambre severa.

La designación de estas organizaciones como terroristas también podría afectar las operaciones humanitarias, ya que las organizaciones de ayuda se ven obligadas a negociar con las pandillas para llevar alimentos y suministros a las zonas más necesitadas.

Expertos alertan que esta medida podría complicar aún más la entrega de asistencia esencial, vital para evitar una mayor crisis de hambre en el país.

Por otro lado, la medida también podría tener un impacto negativo en los negocios en Haití, ya que las pandillas controlan áreas clave como el puerto principal, depósitos de combustible y carreteras esenciales, donde imponen peajes.

Según Jake Johnston, del Centro de Investigación Económica y Política, esta designación podría funcionar como un "embargo de facto", lo que aumentaría los riesgos de hacer negocios en el país.

La situación sigue empeorando, y se teme que esta nueva designación intensifique la crisis sin ofrecer soluciones claras para frenar la violencia y la pobreza extrema en Haití.