El gobierno de Donald Trump ha ordenado a dos agencias de inteligencia estadounidenses que refuercen sus capacidades de vigilancia por satélite a lo largo de la frontera con México, como parte de una estrategia más amplia contra la inmigración irregular y los cárteles de la droga.
La Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial (NGA) y la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO), que están bajo el Departamento de Defensa, supervisan los satélites espía y analizan las imágenes para el Pentágono y otras organizaciones de inteligencia.
Este esfuerzo, junto con el despliegue de tropas en la frontera, refleja la creciente militarización de la zona, donde Trump ha declarado una emergencia nacional. Reuters no pudo confirmar si las imágenes recopiladas por estas agencias también incluirían territorio estadounidense.
En respuesta a preguntas sobre su participación en la vigilancia fronteriza, la NGA indicó que ha formado un grupo de trabajo para coordinar su "apoyo a la misión fronteriza de Estados Unidos".
Por su parte, la NRO señaló que está colaborando con la comunidad de inteligencia y el Pentágono "para asegurar las fronteras de Estados Unidos".
Estas acciones están enmarcadas dentro de las amplias medidas ejecutivas de Trump para frenar el tráfico y los cruces no autorizados, así como para deportar a aquellos que se encuentran de manera irregular en el país, cifra que se estima en hasta 14 millones de personas.
La Casa Blanca y el Departamento de Defensa no respondieron a solicitudes de comentarios sobre el tema. La aplicación de las leyes migratorias ha sido una piedra angular de la campaña de Trump, que lo llevó a la presidencia en 2016.
Aunque Estados Unidos ya ha utilizado inteligencia artificial (IA) y drones para vigilar la frontera, esta nueva iniciativa busca ampliar el uso de capacidades militares diseñadas generalmente para conflictos internacionales.
Se especula que el gobierno podría utilizar la IA para identificar personas u objetos de interés mediante el análisis de imágenes satelitales y otros datos, al igual que se hace en el campo de batalla.
A pesar de la falta de detalles sobre el alcance de la vigilancia, algunos expertos advierten que esta medida podría implicar riesgos en cuanto a la recopilación de información sobre ciudadanos estadounidenses.
Las leyes de espionaje en Estados Unidos restringen la vigilancia de residentes legales, pero permiten a las autoridades de inmigración realizar registros físicos "a una distancia razonable de cualquier frontera exterior de Estados Unidos", un área que se extiende hasta 100 millas náuticas (unos 185 kilómetros) desde la frontera, que incluye ciudades como San Diego y El Paso.
Paul Rosenzweig, abogado especializado en seguridad nacional, afirmó que "si se atienen a la ley, estas agencias solo deberían recoger al otro lado de la frontera, en territorio extranjero", aunque añadió que "cómo implementan eso, y si lo hacen, son preguntas legítimas de supervisión".
Un portavoz de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, encargada de coordinar los esfuerzos de espionaje, aseguró que todas las actividades de inteligencia son "legales y autorizadas" y se realizan "de manera que protege las libertades civiles y la privacidad de las personas estadounidenses".
Por su parte, tanto la NGA como la NRO declinaron comentar sobre los detalles de la información que están recopilando y si esta vigilancia podría extenderse a territorio estadounidense, argumentando la necesidad de proteger los detalles operativos.
La NGA, que realiza diversas tareas como la cartografía y la localización de fuerzas, sigue operando dentro de un amplio espectro de actividades.
