Clama por el fin del despojo de agua en Morelos.
Cuautla.- El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA-MPT) condenó enérgicamente el asesinato de Carolina Plascencia Carvajal, presidenta interina de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla (Asurco), ocurrido el viernes pasado en la carretera Cuautla-El Hospital.
La organización, que representa a comunidades indígenas náhuatl en defensa de sus territorios y recursos hídricos, exigió de inmediato una investigación exhaustiva sobre los motivos del crimen, vinculándolo directamente a la disputa por el control del agua del río Cuautla.
En un comunicado, el FPDTA-MPT subrayó que este asesinato no es un hecho aislado, sino parte de una cadena de violencia impulsada por el crimen organizado y megaproyectos energéticos que amenazan la vida de los pueblos originarios.
La exigencia de justicia del FPDTA-MPT se centra en esclarecer el móvil del asesinato, que consideran motivado por la lucha interna en la Asurco y la presunta cesión ilegal de agua a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la termoeléctrica de Huexca.
Plascencia Carvajal –quien asumió el cargo en 2024 tras un ataque armado contra su predecesor, Antonio Domínguez Aragón– se preparaba para contender en las elecciones de la Asociación, el 28 de septiembre.
El Frente demanda el castigo a los autores materiales e intelectuales y la desarticulación de grupos criminales que buscan apoderarse del agua ejidal, dotada desde la Revolución Zapatista en los años 20.
La organización recuerda que el asesinato de Plascencia se suma al de Francisco Vázquez, en 2022, quien denunció amenazas por irregularidades en la entrega de agua, y al de Samir Flores Soberanes, en 2019.
"El agua se convierte en sangre", afirman, aludiendo a la disputa por el recurso, consumiendo hasta 50 millones de litros diarios de aguas ejidales, agrega el documento.
En el plano legal, el FPDTA-MPT critica la resolución indebida de amparos en tribunales federales por el Juzgado Sexto de Distrito, que desestimó pruebas periciales en hidrología a favor de los ejidos de Ayala contra la Asurco y el Sistema de Agua Potable de Cuautla.
La organización ve en esto un sesgo para negar los derechos históricos sobre el agua. Además llama a la solidaridad regional para frenar la violencia, recordando desalojos con Guardia Nacional en 2020 durante la pandemia.
