El grupo, que era encabezado por Silvia Aragón Morales, quien se dijo afectada por esta circunstancia, así como el abogado Octavio Fausto Vargas López, arribaron a las oficinas regionales de la PGJ y lanzaron consignas, exigiendo justicia.

En entrevista, Argón Morales sostuvo que “hace años pelee el terreno con mi suegro Fructuso Herrera Bonilla, pero mi esposo me dijo que lo sacara porque los terrenos eran de mi suegra Demetria Anzúrez Zavala y mi esposo fue el sucesor y él lo puso a mi nombre”.

Se trata de una extensión de 9 mil 800 metros de terreno, ubicados en el campo Santa Lucía del ejido de Amayuca, del cual dijo “yo lo sembré durante 10 años y luego me lo quitaron”.

En tanto el representante legal sostuvo que “el punto medular es la negativa de Policía Ministerial a cumplir una orden de aprehensión librada en el proceso 10 de 2010, la cual fue librada el 9 de mayo de ese año”.

Y destacó que “hubo protección a favor de los señores Romualdo y Florencio Ixpango Merino, derivado de que negaron la orden de aprehensión, pero se apeló y se logró la reaprehensión”.

Además hizo una acusación al establecer “en lo personal he hablado con el coordinador de aprehensiones de la policía, el comandante Moncayo y el comandante Noé, y han manifestado que por orden del procurador no se debe cumplir esa aprehensión”.

“He hablado con el mismo subprocurador y veo protección, pues cuando integré la  averiguación, en mi carácter de abogado, me costa que se les avisó y por ello se ampararon”.

Ambos fueron integrantes de una comisión que se entrevistó con Juan Carlos Fontes Jordán, subprocurador de la zona oriente, quien escuchó sus peticiones.

Señalaron que la orden también incluye a Elpidio Calzado, María Paz Reyes, así como Clara, Teresa, María del Rosario, Verónica, Eulalio y Margarito, de apellidos Herrera Paz.