En un intento por frenar abusos y sanear las finanzas públicas, especialistas respaldaron las recientes medidas para limitar las llamadas “pensiones doradas”, al considerar que representan un paso clave para corregir irregularidades y garantizar la viabilidad del sistema de jubilaciones en México.

La representante del despacho de asesorías en pensiones, Margarita Santana Ceja, destacó que la decisión anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tras su aprobación en el Congreso de la Unión, de establecer un tope máximo de 100 mil pesos mensuales a estas pensiones, marca un precedente en el control del gasto público.

Explicó que este tipo de pensiones se originó por diversas irregularidades en la asignación de beneficios a magistrados, diputados y titulares de organismos públicos, quienes en algunos casos accedieron a jubilaciones sin cumplir con los requisitos de edad o años de servicio.

Santana Ceja advirtió que Morelos figura entre las entidades con mayores observaciones en este rubro, debido a prácticas heredadas antes de la consolidación de mecanismos de control institucional, lo que ha impactado de forma significativa las finanzas estatales.

En este contexto, subrayó que la creación del Instituto de Pensiones por parte del Ejecutivo busca poner orden en el sistema, mediante la fiscalización, revisión y centralización de las jubilaciones, con el objetivo de garantizar que cada beneficiario reciba únicamente lo que le corresponde conforme a la ley.

Sin embargo, alertó que el panorama financiero es complejo. De no aplicarse medidas de fondo, el erario podría resultar insuficiente en un futuro cercano para cubrir las obligaciones en materia de pensiones a nivel federal.

“Los estados tendrán que asumir la carga de sus trabajadores, tanto estatales como municipales y de organismos descentralizados, y cubrir las jubilaciones con los recursos que generen, lo que implica una administración financiera responsable”, enfatizó.

Añadió que el Instituto de Pensiones inicia operaciones con un fondo de nueve mil millones de pesos, el cual deberá manejarse con eficiencia ante el reto demográfico que se avecina: una menor proporción de población activa sosteniendo a un mayor número de jubilados.