*En el país aproximadamente cinco millones de personas se reconocen como parte de la diversidad sexual y de género y una proporción significativa permanece en búsqueda de empleo*

La diputada Brenda Espinoza López presentó una iniciativa para avanzar en la armonización integral del marco jurídico estatal en materia de servicio civil y administración pública municipal e incorporar de manera expresa obligaciones, directrices y mecanismos institucionales que fortalezcan la inclusión laboral de las personas pertenecientes a la comunidad LGBTQIA+ atendiendo a una visión de derechos humanos, que articula la igualdad sustantiva con la eliminación de prácticas discriminatorias dentro del servicio público.

Ante el pleno del Congreso, dijo que esta acción es profundamente necesaria y que su propuesta legislativa es resultado del trabajó en conjunto con integrantes de la diversidad sexual donde “se propone algo muy claro y poderoso, que el servicio público del estado de Morelos y de sus municipios sea un espacio de inclusión, respeto y oportunidades reales; que la igualdad deje de ser un discurso y se convierta en una política pública concreta”.

La diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, resaltó que: “Hablamos de acciones afirmativas, de cuotas de inclusión laboral y de capacitación obligatoria con perspectiva de diversidad sexual de género”, de reconocer que se debe corregir la desigualdad histórica que existe.

Al subrayar que su propuesta busca adicionar un párrafo segundo al artículo dos y adicionar la fracción XIX al artículo 45 de la Ley del Servicio Civil, así como reformar la fracción XLVII del artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, en materia de inclusión laboral con perspectiva de diversidad sexual y de género, resaltó que éste no genera impacto presupuestal, pero “sí genera un impacto humano enorme, impacto en la dignidad, en la autonomía, en la posibilidad de construir un proyecto de vida sin miedo”.

En el documento de su iniciativa citó estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía que indican que en el país aproximadamente cinco millones de personas se reconocen como parte de la diversidad sexual y de género y una proporción significativa permanece en búsqueda de empleo, lo cual pone de manifiesto la existencia e barreras estructurales que dificultan su plena integración al ámbito productivo.

“Es indispensable que el marco jurídico estatal evolucione para dejar atrás el carácter declarativo de ciertas políticas y avanzar hacia mecanismos que aseguren la plena vigencia de los derechos humanos, la igualdad sustantiva y la no discriminación”, enfatizó la diputada Brenda Espinoza.