Comisión Independiente de Derechos Humanos urge a gobiernos programas que atiendan la violencia contra las mujeres.
La Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) aseveró que se requiere de programas y políticas más eficientes que permitan atender la violencia de género en la entidad, que durante el año pasado tuvo uno de los mayores registros de feminicidios, con 121 casos.
En conferencia de prensa, la organización informó que documentó que 2023 fue el año más violento para las mujeres, con 125 feminicidios. Sin embargo, lo registrado en 2025 se posiciona como el segundo más violento para las mujeres en Morelos.
La agrupación (peticionaria de la Alerta de Violencia de Género en Morelos) presentó el informe sobre lo ocurrido durante el año pasado, en el contexto del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, y la visita de la relatora de la ONU sobre Derechos de las Mujeres y Niñas.
Del año 2000 al 2005 documentaron 121 feminicidios en Morelos. En el año 2021 se documentaron 77 casos; en 2022 se contabilizaron 107; en 2023 hubo 125; en el año 2024 fueron 106, y de enero a diciembre de 2025 “registramos 121 feminicidios, dando un total de mil 655 feminicidios en 25 años”, resaltó.
La vocera expresó que “a nivel federal vemos que hoy se requiere con urgencia un programa general que articule las medidas necesarias para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres.
Mencionó que “las alertas deben de fortalecerse a través de una política integral de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia feminicida. Vemos con preocupación que la agenda política del gobierno federal no tiene un Plan Nacional para Erradicar el Feminicidio, así como tampoco la información y la transparencia sobre el seguimiento y las acciones que fortalezcan el mecanismo de las Alertas de Violencia de Género en todo el país”.
Asimismo, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vigente, la Conavim es la encargada de activar y dar seguimiento a las declaratorias de AVGM en todo el país (mecanismo único a nivel mundial). Sin embargo, desde su extinción, el primero de enero de 2025, no existe en el país una instancia especializada encargada de diseñar, coordinar y evaluar políticas públicas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Peor aún –dijo–, “hasta el día de hoy no se cuenta con una propuesta institucional de igual alcance, ni un plan nacional para enfrentar la violencia feminicida en todo el territorio Mexicano".
Añadió que "aunque en el Decreto de Creación de la Nueva Secretaria de las Mujeres se señala que será la que asumirá sus funciones, no existe una Claridad Operativa ni Jurídica sobre cómo y cuándo lo realizará, menos aún, su Programación y Planificación. No se ha señalado nada al respecto”.
La CIDH hizo notar la violencia feminicida en el Centro Federal de Reinserción Social 16, ubicado en Coatlán del Río, donde en cuatro años suman 20 feminicidios, uno en el año pasado, ocurridos en el interior del penal.
Esos casos –advirtió la CIDH– “deben ser investigados con el protocolo de feminicidio para evitar que se revictimice a quienes han sufrido una muerte violenta derivada de condiciones de aislamiento y tortura psicológica”.
Refirió que el fiscal especial de Investigación y Litigación en materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR) expuso que esta institución ejerció su facultad de atracción de las investigaciones iniciadas por la fiscalía de Morelos el 7 de diciembre de 2023, y aunque se determinó que por las características específicas de los hechos, los decesos tenían la apariencia de suicidios, las indagatorias se radicaron por el delito de feminicidio.


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