Autoridades estatales realizaron un ajuste final al protocolo de actuación de la Ley para la Protección de la Integridad y Derechos de las y los Trabajadores de la Educación en el Estado de Morelos (Ley Protem), el cual ya fue turnado y se prevé que sea publicado en los próximos días, al tratarse de un procedimiento que entrará en vigor una vez formalizado.

La diputada Ruth Cleotilde Rodríguez López, presidenta de la Comisión de Educación del Congreso de Morelos, informó que la Ley Protem será publicada en el periódico oficial “Tierra y Libertad”, luego de que el Poder Ejecutivo realizara una observación que ya fue atendida y corregida.

Explicó que dicha observación estuvo relacionada con la necesidad de evitar la revictimización de las y los estudiantes en casos donde se presenten situaciones de falsedad, por lo que se ajustó el contenido de la ley para garantizar un equilibrio entre la protección de los derechos de niñas y niños y el debido proceso para el personal docente.

Rodríguez López detalló que el documento tuvo adecuaciones técnicas derivadas de las observaciones recibidas, las cuales fueron solventadas para fortalecer su correcta aplicación.

Indicó que la publicación del protocolo se estima en un plazo aproximado de 15 días, una vez iniciados los trabajos del segundo periodo ordinario del segundo año legislativo.

Asimismo, destacó que el mecanismo se encuentra debidamente consensuado, por lo que no existe confrontación con madres y padres de familia, ya que se privilegia el diálogo, la atención responsable y la protección de los derechos de todas las partes involucradas.

La Ley Protem tiene como objetivo proteger la integridad y los derechos de las y los trabajadores de la educación en Morelos, mediante la implementación de procesos justos, acompañamiento legal y psicológico, así como sanciones en casos de denuncias maliciosas, sin menoscabar los derechos de la comunidad educativa.

La legisladora local subrayó que cuando se presente algún hecho que amerite la aplicación de la ley se actuará conforme al debido proceso, garantizando investigaciones responsables, imparciales y con pleno apego al marco legal vigente.