La extinción del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) quedó formalizada con la publicación del Decreto 1105 en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", lo que marca el fin de un modelo que operó durante años como órgano autónomo en acceso a la información y protección de datos personales.

Este cierre constituye un punto de inflexión en la política estatal de transparencia, al pasar de un esquema con estructuras intermedias a un modelo de responsabilidad directa del Estado, con mayor control, seguimiento y capacidad de corrección institucional.

El cambio parte del diagnóstico de que la dispersión orgánica y la duplicidad de funciones ralentizaban los procesos y reducían el impacto real de la política de transparencia en la administración pública, lo que justificó una reconfiguración profunda del sistema.

Con la extinción del IMIPE, sus atribuciones se integran al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, con el propósito de convertir la transparencia en una obligación transversal vinculada al control interno, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.