El secretario de Gobierno de Morelos, Édgar Maldonado Ceballos, afirmó que el Poder Ejecutivo respeta y reconoce plenamente la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto al haber de retiro de magistrados del Poder Judicial del estado.

Señaló que el fallo del máximo tribunal representa la conclusión de un proceso que también fue impulsado por el Poder Legislativo, y a partir de ahora corresponderá a las autoridades competentes en Morelos definir el procedimiento que deberá seguirse.

“Somos muy respetuosos de las determinaciones de la Suprema Corte. Esta resolución se da tras analizar las pretensiones de algunos magistrados que con pocos años en el servicio público buscaban acceder a un beneficio vitalicio, derivado de una modificación normativa interna realizada en su momento por el Poder Judicial”, explicó el secretario.

Maldonado Ceballos destacó que la SCJN estableció que el camino jurídico aplicado previamente “debe ser distinto”, por lo que el Ejecutivo estatal esperará a que las instancias correspondientes determinen lo conducente conforme al fallo.

El funcionario reiteró que el Gobierno de Morelos mantiene su compromiso con la legalidad, la transparencia y el respeto a las instituciones. “Ya corresponderá a las instancias del Estado definir lo conducente conforme a la resolución de la Corte”, concluyó.

El pasado 9 de diciembre, la SCJN invalidó el Acuerdo 04/2024 emitido por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos, mediante el cual se buscaba modificar las condiciones, el porcentaje y el monto del haber de retiro, ampliando al máximo los beneficios económicos para los magistrados próximos a concluir su encargo en 2027.

La controversia constitucional 319/2024 derivó en una votación de ocho ministros a favor de declarar inválidas diversas disposiciones del reglamento estatal, al considerar que contenían irregularidades en el procedimiento y en el cálculo del haber de retiro.

La intención del TSJ de garantizar una pensión especial o beneficio vitalicio se daba en el contexto de la próxima elección ciudadana de jueces y magistrados, contemplada en la reforma judicial federal. Con esta resolución, dicha pretensión queda sin efecto.