La Junta Política y de Gobierno recibió la solicitud y se determinará procedencia.

El presidente de la Junta Política y de Gobierno (JPyG) del Congreso de Morelos, Daniel Martínez Terrazas, informó que este órgano legislativo ya recibió la documentación relacionada con la solicitud de juicio político contra la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM), Nadxieelii Carranco Lechuga, y el análisis formal comenzará en los próximos días.

Martínez Terrazas explicó que la Mesa Directiva turnó este miércoles el expediente a la Junta Política, la cual deberá convocar a los coordinadores parlamentarios para revisar el contenido y determinar la procedencia del caso.

“Apenas la Mesa Directiva turnó los documentos. Lo que haré es analizarlos y remitirlos a los coordinadores de los grupos y fracciones parlamentarias. Debemos abrir el expediente únicamente cuando estemos todos presentes”, señaló.

El legislador aclaró que la Junta Política no determina culpabilidades, sino únicamente la procedencia de los documentos y la validez de quien los presenta.

Detalló que según información recibida desde el seno de la Comisión de Derechos Humanos, la persona que promueve el juicio político habría presentado solicitudes similares en otros estados.

“Nos comentaron que este personaje ha presentado situaciones similares en Tlaxcala y en Hidalgo. Ha enviado correos y documentos, pero esos son temas propios de la Comisión. A la Junta sólo llegó el juicio presentado ante la Mesa Directiva”, indicó.

En cuanto al caso de la titular de la Contraloría del estado, Alejandra Pani Barragán, el presidente de la JPyG recordó que dicho expediente ya fue analizado exhaustivamente; “los grupos parlamentarios han comentado que no hay elementos suficientes, de acuerdo con la documentación presentada. Eso no impide que puedan surgir nuevas controversias o solicitudes de juicio político”, explicó.

En otro tema, el diputado del Partido Acción Nacional afirmó que su bancada mantendrá una postura firme en defensa de las sanciones establecidas en la reforma para combatir el maltrato animal en Morelos, aunque reconoció disposición para revisar el marco legal si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determina que algunos puntos son excesivos.

Martínez Terrazas recordó que sectores como el de médicos veterinarios han expresado inquietudes sobre posibles sanciones desproporcionadas, pero destacó que el Congreso local ha sostenido un diálogo abierto para escuchar y analizar sus planteamientos. Subrayó que cualquier revisión deberá equilibrar la protección animal con la certeza jurídica para quienes trabajan en el sector.

El legislador advirtió que el maltrato animal sigue siendo una realidad documentada en agresiones, peleas clandestinas y prácticas lucrativas que vulneran a los seres sintientes, por lo que fortalecer la normativa es indispensable. Recordó que 83 por ciento de los hogares en Morelos tiene al menos una mascota, lo que convierte el tema en un asunto de interés público y familiar.

Sobre la acción de inconstitucionalidad presentada contra la reforma, explicó que será la SCJN quien determine si algunas sanciones deben modificarse. En caso de que la impugnación prospere, el asunto regresará al Pleno del Congreso para realizar los ajustes que correspondan.

Reiteró que el PAN respaldará cualquier perfeccionamiento legal que refuerce la protección de los animales y dé certidumbre al sector veterinario; “defenderemos siempre el interés de las familias y el bienestar de los seres sintientes”, concluyó.