Diputada pide a las comunidades escolares privilegiar el diálogo antes de presentar quejas o abrir procesos administrativos contra docentes, que luego resultan infundados; insta a la pronta publicación de la “Ley PROTEM”.
La diputada local Ruth Cleotilde Rodríguez López pidió al Poder Ejecutivo apresurar la publicación de la Ley para la Protección de la Integridad y Derechos de las y los Trabajadores de la Educación en el Estado de Morelos, mejor conocida como “Ley PROTEM”, aprobada por unanimidad por el Congreso estatal el pasado 10 de julio.
Ante el incremento de conflictos entre padres de familia y personal educativo, la diputada de Nueva Alianza hizo un llamado para que se anteponga el diálogo entre las partes antes de iniciar cualquier queja, denuncia o proceso administrativo, pues en varios casos resultan infundados y no se repara el daño al docente afectado.
“Antes, los padres no se molestaban por el llamado de atención de un maestro hacia los hijos, porque estábamos más educados en valores. Y hoy, lamentablemente, tengo que decir que los padres que más atacan a los maestros son los que menos se presentan ni tienen información precisa del proceso educativo de sus hijos. Hoy estamos en otros tiempos, donde, pues lamentablemente, la carencia de valores en el seno del hogar contribuye a que todo mundo esté con estrés, que todo mundo no tolere alguna situación”, externó.
Reiteró que esta ley no busca proteger conductas arbitrarias o inapropiadas por parte de los docentes, pero sí evitar situaciones que perjudican no sólo a un grupo, sino a toda la comunidad escolar.
Informó que tiene conocimiento de al menos 15 casos relacionados con quejas o procesos administrativos en contra de personal escolar, que actualmente están en proceso de investigación.
“Algunos de estos casos han sido acusaciones infundadas (…) Habría que analizar cada caso de manera particular, con investigaciones previas antes de acusar”, subrayó.
Reprochó que cuando se comprueba que una denuncia carece de pruebas, nadie le pide disculpas al maestro.
También exhortó a los 36 presidentes municipales a mantenerse al margen ante cualquier conflicto escolar, pues recordó que no tienen injerencia para decidir si un maestro permanece o no en alguna escuela, ya que para ello está la autoridad educativa.
“No tiene ninguna autoridad un presidente municipal, una presidenta municipal, para decir si tal o cual maestro o trabajador de la educación regresa o entra a la escuela o no. Para eso están las autoridades educativas, que se van a encargar de buscar las soluciones y de investigar. Pero una autoridad municipal no tiene injerencia para decidir si entra o no un trabajador”, recalcó.
Finalmente, invitó a que si existe interés por parte de las autoridades municipales en apoyar a la educación, inviertan recursos en infraestructura escolar y así beneficien a los estudiantes de sus demarcaciones.
