*El sector público estatal y municipal debe tomar la iniciativa y dar una respuesta con justicia social, señaló el legislador del PT*
Al considerar que el trabajo es el mejor camino hacia la superación personal y es un símbolo de la dignidad humana, el diputado Alberto Sánchez Ortega, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PT, hizo un llamado solidario a promover una “Gran Cruzada a Favor de la Inclusión Laboral de las Personas con Discapacidad en Morelos”.
Al presentar su proposición con punto de acuerdo, que fue aprobada por unanimidad, el legislador, quien preside la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad, convocó a la sociedad en su conjunto a esta cruzada, “donde desde luego el sector público estatal y municipal debe tomar la iniciativa y dar una respuesta con justicia social”.
Refirió que la Ley para la Inclusión al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de Morelos establece en su artículo 26 la obligación del Gobierno Estatal, Ayuntamientos y de cualquier ente público, de incorporar a personas con discapacidad en sus instancias y dependencias, debiendo integrar a una persona con discapacidad por cada 50 servidores públicos o un mínimo del 2 por ciento incorporados laboralmente.
Al solicitar el respaldo de sus homólogos al acuerdo, al que se adhirieron mayoritariamente, Sánchez Ortega dijo que “las acciones que tomemos hoy como representantes populares, o en los cargos públicos en los que nos hayan designado, para hacer frente esta problemática social, puede definir el futuro de este sector de población que durante décadas han sido discriminados”.
Expuso que las administraciones actuales están ante la posibilidad de iniciar un cambio que en lo futuro haga posible el derecho de las personas con discapacidad a vivir de forma independiente, al trabajo y al empleo, en igualdad de oportunidades y condiciones que el resto de la población.
“Definitivamente el sector público debe pregonar con el ejemplo y para ello debemos contribuir a mejorar las condiciones laborales y económicas de esta población y sus familias. No es una situación dadivosa, son nuestras obligaciones en materia de derechos humanos, por lo que invito a redoblar esfuerzos, redimensionar programas, asignar presupuesto e implementar acciones para enfrentar esos retos”, finalizó.
