Ángel Estrada Rubio, exedil de Tlalnepantla, es señalado por el presunto delito de extorsión agravada.
Por el presunto delito de extorsión agravada, fue vinculado a proceso el exalcalde de Tlalnepantla, Ángel Estrada Rubio, quien fue acusado de exigir pagos indebidos durante su administración a trabajadores del ayuntamiento.
De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el exedil exigía "moches" a elementos de seguridad pública, trabajadores municipales y hasta a los regidores, a cambio de conservar sus empleos.
Según los indicios testimoniales y documentales aportados durante la audiencia, Estrada Rubio -desde que fue electo presidente municipal, en junio de 2021- comenzó a exigir diversas cantidades de dinero a las personas que buscaban una plaza o conservar su empleo en la administración municipal, y convocó a diversas reuniones, especialmente con elementos de seguridad pública.
Una de las reuniones documentadas se llevó a cabo el 5 de noviembre de 2021, a las 5 de la tarde, en un inmueble ubicado en la calle Brasil, número 3, del Barrio de San Felipe.
Al encuentro acudieron al menos cuatro denunciantes y varios policías, y ahí Estrada Rubio, acompañado de Arlette "N", y el encargado de despacho de Seguridad Pública, les exigió el pago de tres mil pesos para conservar sus plazas y les dio hasta el mes de diciembre para entregar el dinero a la mujer, que a la postre designó como coordinadora contable del ayuntamiento.
El 6 de noviembre de ese mismo año fue convocada otra reunión, a la que asistieron cerca de 40 personas que apoyaron al entonces alcalde durante su campaña y nuevamente exigió la entrega de cinco mil pesos a cada uno de los asistentes a cambio de una plaza en la Secretaría de Seguridad Pública, e instruyó que todo ese dinero fuese entregado a Arlette "N".
En la audiencia celebrada en la Ciudad Judicial de Cuautla, la fiscalía anticorrupción presentó las pruebas en contra del exalcalde y la excoordinadora administrativa, a quienes acusó de cometer presuntos actos de extorsión contra personas vulnerables con necesidad de empleo.
Con esos argumentos, la jueza de control resolvió vincular a proceso a Estrada Rubio y Arlette "N", y dictó como medidas cautelares a los imputados la obligación de firmar mensualmente la prohibición de acercarse a los testigos, no salir del país y no acercarse a las instalaciones del ayuntamiento y de seguridad pública.
Durante toda su gestión, el exalcalde fue señalado de incurrir en supuestas irregularidades en el manejo de los recursos municipales y por su reiterada negativa a informar sobre la asignación de obras y aplicación de los recursos municipales.
Incluso, enfrentó protestas, acusaciones de violencia política de género por agresiones verbales contra la entonces regidora Elpidia Torres Ramírez, y una intentona de destitución del cargo.
En junio de 2022 sufrió un atentado, en el que sólo resultó con una herida de bala en el brazo.