Siguen los procesos penales por negligencias en la construcción y operación de plantas valorizadoras de residuos.
Nuevamente, el exsecretario de Desarrollo Sustentable, Topiltzin Contreras Macbeath, y otros dos exfuncionarios fueron vinculados por una serie de presuntas negligencias y omisiones en la construcción, operación y mantenimiento de las llamadas “plantas de valorización” de residuos sólidos durante el periodo (2012-2018).
Conteras Macbeth, junto con Iván Fernández Galván, otrora subsecretario de Gestión Ambiental Sustentable y actual secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Jiutepec, y el exdirector general de Gestión Ambiental, Noé Yáñez González, fue imputado por la fiscalía anticorrupción ante un juez de control por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio ilícito del servicio público.
Según la fiscalía, los tres exservidores públicos habrían incurrido en omisiones en el mantenimiento y operación de la Planta de Valorización de Residuos Sólidos Urbanos, ubicada en el municipio de Xochitepec, a la que se le designaron 39.5 millones de pesos del erario estatal para su construcción, sin embargo, actualmente se encuentra fuera de operación y abandonada.
Se presume que la planta no recibió el mantenimiento estipulado en los programas oficiales, ni fue operada conforme a los manuales técnicos correspondientes.
En este contexto, Topiltzin Contreras Macbeath fue acusado de incumplir con sus funciones de administración, dirección y supervisión de los programas estatales, incluyendo la Estrategia para la Gestión Integral de los Residuos del Estado de Morelos, lo que habría provocado el deterioro total de la planta construida en 2016.
En tanto que el exsubsecretario, Iván Fernández Galván, habría omitido la aplicación y evaluación de los convenios relacionados con la gestión de residuos sólidos urbanos, mientras que el exdirector general, Noé Yáñez González, no ejecutó acciones de supervisión ni coordinación para asegurar el adecuado funcionamiento de la planta.
La fiscalía anticorrupción informó que durante la investigación identificó deficiencias como la falta de personal capacitado, ausencia de protocolos técnicos y jurídicos, y la inexistencia de mecanismos de control, lo que provocó un daño directo al patrimonio estatal.
Adicionalmente, se detectó que no se informó al entonces gobernador que la planta sería construida dentro de una zona de reserva natural clasificada como selva baja caducifolia, lo cual generó un impacto ambiental negativo en el ecosistema local.
El juez otorgó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria y dictó como medida cautelar la firma periódica mensual de los imputados ante la Unidad de Medidas Cautelares.
Estos exfuncionarios enfrentan otros procesos penales relacionados con la construcción de dos plantas de valorización de residuos sólidos más, una en el municipio de Jiutepec, con un costo de 34 millones de pesos, y otra en el municipio de Yautepec, con un costo 13.8 millones de pesos. En ambos casos, las obras fueron pagadas y entregadas, pero su construcción quedó inconclusa.
