Garantizar la equidad en la competencia y evitar que sean factores como el dinero, las relaciones, la amistad, la familiaridad, o cualquiera otro que pudiera advertir ventaja, han definido esta decisión que, insistimos, limita en muchos aspectos la posibilidad de que el votante conozca a quien desea y busca gobernarle. Paradójicamente, los medios impresos y los cibernéticos no encuentran ninguna limitante.

Si pensamos que todo aterriza en el negocio, en el manejo de economía por encima del servicio social, la autoridad tendría razón en su visión; sin embargo, tan libre y ágil debe ser el periodismo en uno y otro medio. Pensar que un debate, una entrevista, una fotografía, un video, una columna, un comentario, una caricatura, un epigrama, un reportaje, un artículo de fondo, una columna, un editorial, es más una noticia, está ligado a un interés político, partidista, personal o económico, es una verdadera ofensa para quienes a este oficio nos dedicamos.

No es difícil por supuesto percatarse de los excesos; pero en esos casos es la propia sociedad la que advierte la prostitución de la carrera y no otorga ni credibilidad ni certeza a esas informaciones. Pagar justos por pecadores, así lo consideramos, no cabe cuando está de por medio la limitación al periodismo por ejercerse en uno u otro medio.

La inmediatez de la radio y el manejo de la imagen en la televisión, son aspectos que aunque logra conjuntarlos la internet, no pueden ser desplazados. Un pueblo informado puede definir su rumbo; al contrario un pueblo que se maneja a oscuras, sólo es víctima de abusos y engaños. ¿De qué sirve entonces la tendencia a la transparencia de la información pública gubernamental, si en el proceso de definición de quien o quienes habrán de generarla, el pueblo es alejado de su mensaje y su propuesta?

Un debate, entendido tal vez como el ejercicio para exponer uno o varios temas y una problemática, en el cual no se aportan soluciones sino sólo argumentos, tal vez pudiera quedar reglamentado; sin embargo, en los medios electrónicos, la organización de entrevistas conjuntas, muy diferente a la figura expuesta, igualmente quedan vulneradas.

Nosotros, en varias ocasiones, hemos generado este ejercicio por demás basado en el periodismo y no en el proselitismo; nos queda claro que aventurarse a la realización de este esquema durante el próximo proceso electoral es caminar sobre el borde del abismo. Ningún candidato, ningún partido, ningún concesionario o permisionario, se aventuraría a dejar que la interpretación legal, en caso de una denuncia, definiera el futuro de un registro o de alguna sanción económica.

¿Vulnera o no esta reglamentación a la libertad de expresión y el derecho a la información? Y no nos levantamos como adalides de esta defensa, simplemente consideramos que lejos de privilegiar a una sociedad que se dice democrática, estamos propiciando en México un gigantesca cultura de la desconfianza que ha elevado en millones de dólares la organización de nuestros procesos electorales.

No tarda en llegar la propuesta, y no lo decimos en broma, de quien se aventure a solicitar que quienes pretendan o ejerzan el oficio periodístico seamos sometidos a un examen de control de confianza. Lo único que tiene un periodista como carta de presentación y aval se llama credibilidad y el perderla simple y sencillamente, mancilla de por vida al sujeto.