El subsecretario dijo que a nivel nacional un alto porcentaje de las agresiones a la prensa y a actvistas de derechos humanos viene de funcionarios.

Periodistas de Morelos demandaron el cese de la violencia contra el gremio en todas sus formas, cuya espiral comienza con actitudes hostiles desplegadas desde las tribunas públicas y concluye con agresiones en diversos niveles, hasta llegar a la muerte. Urgieron al Estado mexicano a cumplir con su responsabilidad constitucional de garantizar la libertad de expresión.  

Este martes se llevó a cabo la instalación del comité consultivo y el subcomité técnico de evaluación del mecanismo estatal de protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en la actual administración, instancias que había permanecido sin operar desde hace más de tres años, a pesar de que Morelos fue uno de los primeros estados del país en contar con una ley en la materia.  

En el acto protocolario estuvieron presentes como testigos el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, y el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo.  

Tras guardar un minuto de silencio en memoria de las y los compañeros asesinados, la representación del Foro de periodistas, en voz de María Esther Martínez Sotelo, señaló la urgencia de que el Estado Mexicano garantice el ejercicio libre del periodismo. 

Fijó una postura contundente respecto al debate público ante los señalamientos generalizados en contra del gremio por parte de altos funcionarios en el ámbito nacional y en diversas entidades: "La violencia, hay que decirlo, no inicia con un asesinato. Con la privación de la vida culmina la espiral de violencia que inicia con actitudes hostiles desplegadas desde las tribunas públicas que deberían servir para resolver los problemas del país y que luego se transforman en señalamientos, acusaciones, persecución, violentación y lamentablemente en muerte. Desde este espacio les decimos que en Morelos no estamos dispuestos a tolerar ninguna de estas actitudes cometidas desde el poder, porque las palabras que en la tribuna o en la palestra pública hostigan, desprecian, calumnian o acusan, en las calles se transforman en un ‘permiso’ para matar en nombre de los regímenes políticos", expresó la reportera.  

Expuso que no se pide “tratos especiales”, sino que se garantice la integridad de los periodistas para realizar su trabajo, indispensable en toda democracia.  

Sotelo Martínez planteó la necesidad de que se asignen recursos suficientes para la aplicación de medidas urgentes de protección como lo señala la ley, además de la importancia de trabajar en la reglamentación del marco legal en este rubro. Recordó que la representación del Foro es provisional, pero el objetivo es comenzar a trabajar de manera inmediata.  

La representación de periodistas, en dicho mensaje, exigió que no queden impunes las muertes de Heber López, Alfonso Margarito Martínez Esquivel, José Luis Gamboa Arenas, Roberto Toledo y Lourdes Maldonado, asesinados en enero y febrero de este año, y reclamaron justicia en torno a los 47 asesinatos que se registraron en el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto y los otros 25 casos registrados en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

En el salón Morelos, sede de la ceremonia, los periodistas retomaron lo que se ha convertido en la consigna de justicia, que se ha levantado en diversas protestas celebradas este año en varias entidades del país, así como en el Congreso de la Unión y en la Presidencia de la República: “Nos queremos Vivas, nos queremos Vivos”.  

Por su parte, Alejandro Encinas expresó que el Estado mexicano reconoce su responsabilidad de garantizar el derecho a la libertad de expresión y a defender los derechos humanos. “No vamos a escatimar ningún esfuerzo en este sentido, para revertir esta situación y dar la plena garantía para que ustedes ejerzan sus actividades con libertad y en seguridad”.  

Argumentó que hay un gran rezago en áreas preventivas y en el castigo, por lo que el reto primordial es avanzar en la prevención y en el combate a la impunidad. “Esto va a requerir un cambio en la cultura institucional”, sostuvo, al apuntar que más del 45 por ciento de las agresiones contra periodistas y activistas provienen de autoridades del estado y de municipios.  

Aseguró que la instrucción del presidente López Obrador es investigar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de ataques a personas defensoras de derechos humanos y periodistas y consideró que la indignación y exigencia de justicia es legítima.  

A su vez, Enrique Irazoque, titular de la unidad técnica del mecanismo federal, destacó que este problema surge en México desde hace muchos años y la crisis se ha agravado. Anotó que el 30 por ciento de los casos de agresión provienen de la delincuencia organizada.  

Por su lado, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo expresó que en su administración existe el compromiso de trabajar por el respeto a los multicitados derechos y dijo reconocer a los comunicadores y defensores de derechos humanos como vínculo natural con la comunidad y como un valor fundamental para la democracia. Celebró que se hayan logrado establecer los acuerdos necesarios para instalar, en esta gestión, la estructura del Mecanismo y dijo estar en toda disposición para que opere con eficacia.