El TSJ aguarda el 4.7 por ciento del presupuesto estatal para el 2022.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rubén Jasso Díaz, señaló que el Poder Legislativo está obligado a cumplir inmediatamente con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la asignación adicional de recursos al Poder Judicial para el ejercicio fiscal 2021 y preverle una partida financiera equivalente al 4.7 por ciento del presupuesto estatal programable para el próximo año.

Tras el conflicto al interior del Congreso local que estalló la noche de este domingo y que confrontó a los dos bloques de diputados y agudizó la parálisis legislativa, Jasso Díaz fue cauteloso en sus declaraciones, para no mezclar la resolución del tribunal constitucional con la trama parlamentaria.

Al ser cuestionado sobre cómo este conflicto impactará en el cumplimiento de la sentencia de la SCJN, acotó que la resolución es jurisprudencia obligatoria y, por lo tanto, el Congreso –independientemente de las circunstancias internas que atraviesa- debe realizar las acciones inmediatas para que el Poder Judicial reciba aproximadamente 500 millones de pesos adicionales correspondientes al ejercicio fiscal 2021 –a los que se restaran las ampliaciones presupuestales que han recibido- y que en el presupuesto que se ejercerá el próximo año se le asigne el 4.7 por ciento del presupuesto estatal programable, con base en la autonomía financiera de la que goza constitucionalmente.

Confió que en breve se puedan lograr acuerdos en el Congreso, por lo menos en lo que respecta al tema que implica al Poder Judicial y el acatamiento inmediato del fallo judicial, ya que en caso contrario, como parte actora en la controversia constitucional 15/2021, tendría que informar a la Corte el incumplimiento para que sea el tribunal constitucional quien resuelva lo conducente.

El pasado 24 de noviembre, por unanimidad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró fundada la controversia constitucional promovida por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA), en la que impugnaron la “alteración” del proyecto presupuestal presentado al Poder Ejecutivo y el autorizado por el Congreso local para el 2021 (549 millones), y exigieron la asignación del 4.7 por ciento del presupuesto estatal programable, conforme a la autonomía financiera que le fue otorgada constitucionalmente al Poder Judicial.

La Sala declaró fundada la controversia y ordenó que, “sin dilación”, el Congreso, con base en lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución, asigne al Poder Judicial la cantidad restada a su petición presupuestal para el 2021, estimada en 500 millones de pesos y a los cuales deberán restarle las ampliaciones presupuestales.

También está obligado a especificar claramente cuál es el monto del gasto estatal programable y, con base en ese cálculo, otorgar al Poder Judicial el 4.7 por ciento de ese presupuesto para el 2022, para cumplir con la autonomía financiera que le fue otorgada constitucionalmente.