Ana Lilia Mata

Ana Lilia Mata

*A más tardar*

El presidente municipal de Jiutepec, Rafael Reyes Reyes, informó que a más tardar el 20 de febrero se habrá liquidado la segunda parte del aguinaldo de los policías que hoy protestaron.

De igual modo, el alcalde refirió que esta semana se les entregarán vales de despensa pendientes.

Reyes Reyes también señaló que las condiciones del Ayuntamiento de Jiutepec aún son complicadas, pero se trabaja en ajustes para resolver la situación.

 

*En la zona oriente de Morelos*

Integrantes del Frente en Defensa de la Tierra y el Agua solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que intervenga para que se cancelen los proyectos de la termoeléctrica y el gasoducto que se llevaron a cabo en la zona oriente del estado.

En rueda de prensa, afirmaron que ambos proyectos son una bomba de tiempo, considerando la cercanía con el volcán Popocatépetl, por lo que pidieron se someta nuevamente a consulta de la ciudadanía, ya que la mayoría se opone.

También informaron que el Juzgado Sexto de Distrito otorgó la suspensión definitiva que impide a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) descargar al río Cuautla las aguas de las torres de enfriamiento de la termoeléctrica, que contaminarían a dicho río.

Finalmente, sostuvieron que son más de tres millones de personas afectadas por ambos proyectos, además de que los daños alcanzan a los estados de Puebla y Tlaxcala, según indicaron.

Organizaciones No Gubernamentales reclamaron a consejeros electorales que no se les tomó en cuenta para la creación del Reglamento de Participación Ciudadana.

Se dijeron traicionados por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) porque ayer se publicó el reglamento y la semana pasada se instaló una mesa de trabajo para incluir propuestas de la sociedad civil en la nueva normatividad.

Ana Casas Pérez, del colectivo Morelos Participa, dijo que los consejeros les propusieron corregir el reglamento, lo cual llevará más tiempo.

Sin embargo, adelantó que se reunirán con otras organizaciones para que se les tome en cuenta, pues el citado reglamento no es entendible y complica su aplicación para hacer uso de las figuras de participación ciudadana.

Por su lado, la consejera electoral Itzel Mendoza Aragón apuntó que es facultad del Impepac crear el reglamento y tomar en cuenta a las organizaciones para su perfección.

Además, Mendoza Aragón indicó que el reglamento se hizo desde mayo y antes ninguna organización se acercó a presentar propuestas.

Hasta el 50 ciento de parque vehicular está detenido y se reduce el horario de servicio, señala Ruta 13.

Se quejan de cuantiosas afectaciones económicas y piden a las autoridades atender la contingencia.   

Transportistas de la región oriente del estado aseguran que han tenido que parar hasta el 50 por ciento de sus unidades y reducir el horario de servicio público, debido a que en esa zona de la entidad han sufrido el desabasto de combustibles debido a la sobredemanda de vecinos del Estado de México.
Rodolfo Tiscareño Martínez, presidente de la Ruta 13, que opera en Yautepec y Cuautla, aseguró que sí hay desabasto de combustible en la zona oriente del estado, y las afectaciones económicas son cuantiosas, por arriba del 50 por ciento de sus ingresos, por lo que pidió al gobierno del estado tomar medidas para resolver el problema.
En entrevista, el concesionario explicó que el problema de desabasto se complicó el fin de semana pasado, cuando la Coordinación Estatal de Protección Civil prohibió en las gasolineras la venta del combustible en garrafas, porque con ese método ellos se abastecían. 
Además, refirió que las gasolineras determinaron vender sólo 20 litros por vehículo, que no es suficiente para que sus unidades circulen durante todo el día, en un horario de cinco de la mañana a nueve de la noche. 
"Nos están condicionando el combustible y no nos alcanza para el día. A menos de medio día ya se terminó la gasolina y tenemos que hacer cola hasta dos o tres horas. La gente se siente agraviada y ¿qué hacemos? mejor pues parar las unidades a que nos quedemos a medio camino o que, en su defecto, la gente diga: porque se quedó sin gasolina", declaró Tiscareño Martínez.
La Ruta 13 cuenta con 250 unidades y la mitad se encuentran detenidas hasta que se normalice el abasto del hidrocarburo.

 

Defienden la asignación de 10 millones de pesos a la Fundación "Unidos vamos por Morelos".

Diputados del grupo de los 15 acusados por autoridades del gobierno del estado de haber pedido "moches" a cambio de aprobar el presupuesto que propuso el Poder Ejecutivo, informaron que presentarán una denuncia por difamación.
En entrevista, los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alejandra Flores Espinosa y Marcos Zapotitla Becerro, y el petista José Casas González, rechazaron haber pedido 30 millones de pesos a cambio de apoyar el Paquete Económico que propuso el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo para el ejercicio fiscal 2019, y pidieron a los secretarios de despacho que afirmaron lo contrario que presenten pruebas sobre sus dichos.
Los legisladores de Morena coincidieron en que dichas acusaciones en su contra se deben a que no aprobaron un presupuesto "a modo" del Poder Ejecutivo.
Incluso, Zapotitla Becerro sostuvo que desde el gobierno del estado se ofrecieron dádivas a los diputados para que aprobaran su propuesta de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos.
Sin embargo, el legislador local defendió la asignación de 10 millones de pesos que hicieron a favor de la Fundación "Unidos Vamos por Morelos", que presidió la diputada petista Tania Valentina Rodríguez Ruiz, pues afirmó que "hay niveles de corrupción" cuando el Ejecutivo pretendió asignar 200 millones de pesos a la Oficina de la Gubernatura o 100 millones más a la Secretaría de Hacienda.
También cuestionó el programa de reemplacamiento y que supuestamente se asignó de manera ilegal la contratación de una empresa para la producción de las placas, que se encuentra inhabilitada.
La diputada Alejandra Flores refirió que procederán legalmente en contra de quienes los difamaron.
No obstante, señaló que no están negados a revisar las observaciones que hará el Poder Ejecutivo al Paquete Económico, pero adelantó que no accederán a que se hagan cambios que impliquen incrementos desproporcionados a favor de algunas dependencias del gobierno estatal.

 

La presidenta de la Comisión de Hacienda y el presidente de la Mesa Directiva detienen el proceso para separarlos de sus cargos.

Los diputados Rosalina Mazari Espín y Alfonso de Jesús Sotelo Martínez recurrieron a la justicia federal para evitar su remoción como presidentes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de la Mesa Directiva del Congreso local, respectivamente.

El pasado lunes 14 de enero, los dos legisladores promovieron por separado juicios de amparo ante el Juzgado Primero de Distrito y un día después se les otorgó la suspensión provisional que evitará que la Junta Política y de Gobierno continúe con el proceso de remoción. 

En sesión de la Junta Política y de Gobierno, el lunes pasado, ocho coordinadoras de los grupos y fracciones parlamentarias acordaron iniciar un proceso de remoción de los presidentes de la Mesa Directiva y de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta por supuesto desacato, al haberse retirado de la sesión extraordinaria del 8 de enero, en la que un grupo de 15 legisladores aprobó la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del gobierno estatal para el ejercicio fiscal 2019.

La diputada del Partido del Trabajo (PT) Tania Valentina Rodríguez Ruiz, presidenta del órgano político, informó ese día que dieron un plazo de 24 horas para que el presidente de la Mesa Directiva convocara a sesión de la Diputación Permanente en la que, a su vez, se abriría un periodo extraordinario de sesiones para someter a consideración del Pleno, los cambios en la presidencia del Congreso y de la Comisión de Hacienda.

Sin embargo, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez determinó ampararse, al igual que su homóloga priista Rosalina Mazari, con lo que obligaron a detener el proceso de su remoción hasta que el juzgado federal emita una resolución sobre el caso.

El presidente de la Mesa Directiva fue nombrado en el cargo por un periodo de un año, tiempo que vencerá en septiembre próximo.

Miércoles, 16 Enero 2019 14:02

Se amparan Mazari Espín y Sotelo Martínez

*Les otorgan suspensión*

La presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, Rosalina Mazari Espín, y el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, presentaron una demanda de amparo ante un juzgado federal.

Por parte de Sotelo Martínez, la demanda se presentó ante el Juzgado Primero de Distrito, el pasado 14 de enero, y quedó radicada en el expediente 55/2019, contra su remoción de la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del estado, proceso iniciado por la Junta Política y de Gobierno (JPyG), a solicitud de algunos diputados.

En el caso de Mazari Espín, la demanda es para que no la remuevan de la presidencia de la Comisión de Hacienda.

A ambos legisladores les fue otorgada la suspensión.

El diputado del Partido del Trabajo (PT), José Casas González, negó que hayan pedido "moches" para aprobar el presupuesto que propuso el Poder Ejecutivo; además, indicó que defenderán el paquete económico que aprobaron.

Casas González también pidió a las autoridades estatales que presenten pruebas de sus afirmaciones.

El legislador local señaló que defenderán el paquete económico que aprobaron, además de que esperarán a recibir las observaciones que haga el Poder Ejecutivo.

La consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), Ana Isabel León Trueba, lamentó que legisladores sólo aprobaron 30 millones de pesos para la operatividad del órgano, cuando la solicitud fue de 95 millones.

En entrevista, dijo que el Impepac requiere más recursos para poder organizar la elección de ayudantes municipales, así como la integración de posibles nuevos partidos políticos.

Ante tal situación, León Trueba señaló que están buscando la posibilidad de que se modifique el presupuesto que aprobó un grupo de legisladores, ya que no se ha publicado el decreto, y que se incrementen los recursos para el órgano electoral.

La partida es menor a la del año pasado; el órgano jurisdiccional planteó una suma de 41 millones de pesos; le autorizaron 33.

El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) se inconformó ante el Congreso del estado por el presupuesto asignado en el Paquete Económico que aprobó un grupo de 15 legisladores por 33 millones de pesos, dos millones menos en relación con el 2018.
Mediante un oficio remitido a la LIV Legislatura, los magistrados del TJA solicitaron que se acate la resolución de un juez que ordenó asignar el presupuesto necesario para cubrir el pago de salarios y los gastos del tribunal.
Sin embargo, en el Presupuesto de Egresos que aprobó el G-15 el 8 de enero pasado, sólo se autorizaron 33 millones de pesos para el Tribunal de Justicia Administrativa, mientras que la propuesta que los magistrados presentaron era mayor a los 41 millones de pesos.
Aunado a la reducción del presupuesto a dicho tribunal, ayer, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, Rosalina Mazari Espín, confirmó que el G-15 no había etiquetado recursos para el TJA, así como tampoco para el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM).
Tras haberse dado cuenta de su error y, mediante el "Anexo 29", que se envió al Poder Ejecutivo el pasado lunes, los legisladores asignaron presupuesto a los dos órganos; al primero, 33 millones de pesos, y al segundo, 18 millones.
La legisladora priista sostuvo que dicha omisión es un error grave, ya que el anexo que incluyeron en el Paquete Económico se envió fuera del periodo extraordinario de sesiones que se abrió exclusivamente para desahogar el tema presupuestal.

 

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