Una asociación española de defensa de los derechos de los consumidores anunció el inicio de acciones legales preliminares contra Google, al acusar a la compañía de recopilar datos personales sensibles y vulnerar el derecho a la intimidad de los usuarios en España.
La Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) sostiene que el gigante tecnológico habría recolectado información relacionada con opiniones personales, creencias religiosas y datos de salud a través de aplicaciones y del sistema operativo Android.
La denuncia se apoya en un estudio elaborado por un profesor universitario con sede en Dublín, el cual, según la asociación, respalda las sospechas sobre el uso excesivo de datos.
Bernardo Hernández, secretario general de la AUC, señaló que en este caso se priorizó el desarrollo tecnológico y la prestación de servicios por encima de la protección de la intimidad de las personas.
Afirmó además que Google podría ofrecer sus servicios sin necesidad de recabar una cantidad de información que calificó como “excesiva”.
Como parte del proceso, la AUC solicitó a los tribunales de Madrid que requieran los nombres de los usuarios de productos de Google y Android, y estimó que hasta 37 millones de personas en España podrían estar potencialmente afectadas.
Este paso forma parte de la preparación de una demanda colectiva contra Google Spain y Google Ireland, así como del cálculo de una posible indemnización, para lo cual se elaborará un informe pericial.
Google, por su parte, rechazó las acusaciones.
Un portavoz de la compañía afirmó que las imputaciones son incorrectas y consideró que los tribunales deberían desestimarlas.
También criticó que la acción legal busque supuestamente proteger la privacidad mientras solicita datos personales de millones de usuarios sin su consentimiento.
Este nuevo frente legal se suma a un contexto más amplio de escrutinio judicial sobre las grandes tecnológicas en España.
En una acción distinta, un tribunal español condenó en noviembre a Meta a pagar 479 millones de euros, más intereses, a medios locales por competencia desleal, tras determinar que infringió la normativa de protección de datos personales.
