Sería imposible imaginar el ejercicio democrático con menoscabo al mensaje de los candidatos, partidos políticos, gobierno en funciones, o con cortapisas de lo que se puede o no decir, promover, revelar, pensar, desear. Al mismo tiempo el ejercer la libertad de expresión sin los privilegios de la tolerancia, apertura, acceso a la información, tránsito libre, radio y televisión disponibles, prensa accesible, se haría imposible.

Es un juego de equilibrios sumamente endeble. Ante ello, es cíclico el intento de reglamentar, controlar y mantener vigilancia por sobre quien opina y quienes participan para acceder al poder. Hoy la democracia en México si bien es cierto goza de credibilidad internacional, se ve amenazada ante los arreglos legales que viene defendiendo, con el pretexto facultativo de la materia, el Instituto Federal Electoral.

Primero fue el derecho a la información vulnerado por las denominadas leyes de transparencia que lejos de abrir las posibilidades de adentrarse en los expedientes que interesan a la opinión pública, establecen los mecanismos de "legalización de la censura" al establecer los mecanismos jurídicos para calificar como reservada, clasificada y otras denominaciones oscuras, lo que promueve la oscuridad informativa de acuerdo con el criterio de los "notables" convertidos en consejeros.

Ahora se ataca a la libertad de expresión bajo el pretexto democratizador; o mejor dicho, como garantía de que la democracia se concrete en este país. Nada más alejado de la verdad. Sin libertad no puede haber democracia.

Somos ajenos en nuestra aportación --a pesar de ser radiodifusores-- del enojo por la falta de ingreso económico a las frecuencias de radio y televisión, con las modificaciones legales que han enfrentado a la CIRT con el IFE; tampoco somos parte de aprovechar como pretexto los ataques a la libertad de expresión para intentar resarcir a la industria sus millonarios ingresos. Somos quienes realizamos la labor y arriesgamos; pero sin medio no hay periodista.

Estaremos reunidos este fin de semana los integrantes del Congreso Directivo y del Comité de Vigilancia --este último lo presidimos-- de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos; sesionaremos como cada tres meses, en esta ocasión en la Ciudad de México. Por supuesto que es tema obligado y seguramente convocaremos al presidente de la Comisión de Radio y Televisión del IFE, Benito Nacif, a nuestra próxima asamblea nacional a desarrollarse en mayo para abordar, analizar, debatir y acordar sobre el trascendente tema.

Las integrantes de la Fapermex, entre ellas la Asociación de Periodistas y Comunicadores de Morelos, nos manifestamos preocupados por las decisiones que en este sentido acuerda el IFE; si bien es cierto que es la autoridad en materia electoral, consideramos que no cuenta con las facultades para convertirse en inquisidor ni en calificador del a partir o hasta dónde hay posibilidad del ejercicio periodístico.

¿De qué sirve el que se haya alcanzado --tras una lucha férrea de nuestras agrupaciones-- la erradicación de los delitos de prensa: difamación y calumnia, y evitado su sanción administrativa excesiva, si ahora el pretexto es la democracia para castigar económicamente a los medios que con el trabajo de su equipo periodístico logran citar con mucho esfuerzo a pre, candidatos, dirigentes partidistas, ya sea de uno en uno o en conjunto, para conocer y debatir al aire?

El asunto no es menor; merece toda la atención del gremio periodístico, ya sea unido o de forma individual. Nosotros, como Apecomor, llevamos este tema a la agenda de los trabajos a fin de manifestar nuestra inconformidad, pero también conocer --de parte de la autoridad facultada-- los alcances de las leyes electorales en nuestro país.

Democracia y libertad de expresión van unidas; una sin otra son imposibles. No hay cabida para vivir en el sistema que nos asiste con limitantes inquisidoras.

Insistimos, y que quede claro: lo nuestro no es lo que han ganado, han dejado de ganar o pudieran recuperar los propietarios de estaciones de radio --que lo somos-- y de canales de televisión; lo que nos ocupa es mayúsculo: el derecho inalienable de informar y estar informados.