Para la inmensa mayoría de la población quedó claro que el GPPRI no tiene como objetivo el beneficio colectivo, sino la consolidación patrimonial de sus integrantes, aunque cabe subrayar que en esa bancada parlamentaria existen honrosas excepciones. Son varios diputados y diputadas que no se han ceñido a las decisiones arbitrarias de unos cuantos. Me refiero a Lilia Ibarra Campos, Esteban Gaona Jiménez, Julio Espín Navarrete y Andrés González García, quienes rechazaron la posibilidad de que el próximo 24 de agosto, durante un periodo extraordinario de sesiones, apoyen a David Salazar Guerrero para convertirse en nuevo presidente de la Mesa Directiva del Congreso, sustituyendo a Othón Sánchez Vela, diputado del Partido Nueva Alianza.
Empero, en la misma posición antagónica podrían situarse Fernando Martínez Cué, Guadalupe Jiménez Tovar y Javier Mújica Díaz, tríada de legisladores interesados en alcanzar el mismo puesto. Dicha terna se ha reunido con el “G-6”, a fin de negociar su llegada. Bien por la propuesta en torno a Martínez Cué y Jiménez Tovar, pero pésima alrededor de la figura de Mújica Díaz, sobre quien pesan 22 averiguaciones previas en la Procuraduría General de Justicia por ejercicio indebido del servicio público cuando fue presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
La actual Legislatura fue instalada el primero de septiembre del año pasado. De entonces a la fecha se ha caracterizado por la parálisis legislativa, la rebatinga de cargos al interior del Congreso, los excesos con recursos públicos, el tráfico de influencias, los pleitos, pero sobre todo por los conflictos dentro de un grupo parlamentario -el priísta- cuyos miembros parecen preparatorianos sin capacidad para lograr acuerdos, ni transmitir a la ciudadanía mensajes claros respecto del cumplimiento de todo lo que ofrecieron durante la campaña preelectoral del año pasado. Si el Código Penal del Estado tuviera integrado el capítulo del “fraude político” propuesto al Congreso por la Asociación de Abogados Penalistas de Morelos en alusión al incumplimiento de promesas de campaña, varios diputados del PRI ya estarían en la cárcel o desaforados.
En tal escenario bien harían los 15 diputados del “G-6” al preguntarse: ¿De qué nos sirve negociar con el grupo mayoritario, si así estamos bien? Dejar a Othón Sánchez Vela en la presidencia del Congreso cumpliría la vieja frase de Luis Echeverría Álvarez, en el sentido de que “ni nos beneficia, ni nos perjudica, sino todo lo contrario”. Al tiempo y lo veremos.
En conclusión podemos inferir que el legislador morelense carece de cuatro factores, fundamentales dentro de su supuesto papel de “representantes populares”. En primer lugar ubicación, sentido del deber y ética personal. Esto quiere decir que nuestros ínclitos diputados deben centrarse en que su cargo es temporal, no es un privilegio, no es un feudo, no los hace impunes y, en cambio, les obliga a responder a su partido, pero ante todo al electorado que votó por ellos y que los llevó al Congreso local. Les hace falta, además, tener principios morales, pues muchos son déspotas, necios, groseros, arrogantes y farsantes, y su conducta debería estar normada por un Código de Ética para el Legislador. Si se vive en un Estado democrático de Derecho no estaría de más hacerlo efectivo a través de un ordenamiento así.
En tercer lugar les falta preparación, capacitación, evaluación y seguimiento de su actuación. Y en cuarto lugar tampoco tienen sentido de la representación. Ni los diputados de mayoría, ni los plurinominales regresan a sus distritos, regiones o estados; es decir se olvidan de mantenerse en contacto con sus representados. Asimismo, no poseen vocación y espíritu de servicio, ganas de ayudar a sus representados, de estar con ellos, de escucharlos, de rendirles cuentas. En resumen, dar un testimonio de vida y trabajo. Luego me referiré a quienes se esfuerzan por cumplir con su misión, pero que se cuentan con los dedos de una mano.