Cabe resaltar que la última vez que se determinó la medida fue el 18 de septiembre de 2002, cuando se registraron 242 puntos Imeca, debido a la situación extrema de las condiciones atmosféricas y al incremento de la concentración de contaminantes.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó, al respecto de la medida y mediante un comunicado, que los riesgos asociados a las altas concentraciones de ozono son: irritación en vía respiratorias, molestias graves en personas con problemas respiratorios y cardiovasculares, además del riesgo de activación de ataques en personas asmáticas.

Dicha Comisión también exhortó a la población “a contribuir activamente en la reducción de emisiones de contaminantes a la atmósfera”, a través de acciones como: utilizar el transporte público y medios de movilidad no motorizados, como caminar o la bicicleta; reducir al mínimo el uso del automóvil y, si se utiliza, disminuir el número y distancias de los viajes o compartirlos; revisar el estado de sus vehículos y asegurarse que se encuentra en las mejores condiciones mecánicas para que emitan menos contaminantes; revisar la instalación doméstica de gas y asegurarse de que no haya fugas, ya que los compuestos que conforman el gas para combustión también son precursores de ozono.

Acciones que podrían ser una cuestión de sentido común y de responsabilidad social, mismas que deberían practicarse cotidianamente y no “ante una contingencia ambiental atmosférica”.

En Morelos, el gobierno de la Ciudad de México incrementó en un mil por ciento la basura que envía al relleno sanitario “La Perseverancia” de Cuautla, derivado de la contingencia ambiental que se registró en la capital del país y luego de que el Estado de México cerró sus puertas para recibir esos residuos sólidos; el incremento en la recepción de basura habría obligado a habilitar la primera etapa de la quinta celda del relleno sanitario, para atender la sobre demanda.

Por otro lado, también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado a las autoridades, al sector privado y a la población para atender acciones encaminadas a mitigar y afrontar los altos niveles de contaminación atmosférica que se reportaron en el Valle de México; lo anterior para participar activamente en la disminución de emisiones de contaminantes atmosféricos y así prevenir y mitigar impactos ambientales y sanitarios.

Es interesante resaltar que la propia CNDH emitió en el 2015 una Recomendación, la número 48, dirigida a los presidentes municipales de Jiutepec y Emiliano Zapata, en el estado de Morelos y “en agravio de quienes habitan y transitan en dichos municipios por la violación al derecho humano a un medio ambiente sano”; en específico, para asegurar el goce efectivo de dicho derecho a quienes habitan y transitan en la colonia Calera Chica y sus alrededores.

En el documento, el organismo precisó “el sentido y alcance de las obligaciones de promoción, respeto, protección y garantía del derecho humano a un medio ambiente sano, respecto de la prevención y control de la contaminación atmosférica”; además, expuso que los programas de gestión para mejorar la calidad del aire constituyen medidas destinadas a hacer efectivos los derechos humanos involucrados.

El artículo 3, fracción VI, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) define como contaminación a: “la presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de cualquier combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico”; de igual manera, la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de las Guías de Calidad del Aire publicadas en el año 2006, ha establecido la existencia de cuatro contaminantes comunes en el aire: material particulado, ozono, dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre.

Sin olvidar que la contaminación atmosférica tiene cuatro consecuencias principales: polución del aire, lluvia ácida, debilitamiento de la capa de ozono y el cambio climático: este último fenómeno trae las peores consecuencias globales de carácter económico, ecológico y de seguridad humana; la propia OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han señalado que la contaminación del aire y sus efectos son una de las principales preocupaciones de salud pública.

Un ambiente sano es el prerrequisito para los sistemas básicos que hacen posible la vida, señaló en su momento la geógrafa Diana Liverman en su ensayo “Seguridad y medio ambiente en México”, en el que también indica que los crecientes problemas ambientales de nuestro país bien podrían considerarse un asunto de seguridad nacional.

Liverman apunta de igual modo que proliferan los movimientos políticos y sociales que tienen como punto de referencia los problemas ambientales, con "interesante paralelo en el desarrollo de los movimientos 'verdes' en Europa, Canadá, Estados Unidos y Japón', y destaca que "resulta claro que el futuro de México y de sus habitantes está estrechamente relacionado con el futuro del ambiente mexicano y mundial". Coincidimos.