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Escucharemos el mensaje de la presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (Faparmex), Hilda Luisa Valdemar Lima. Sabemos de antemano, que conoceremos sobre la agenda legislativa pendiente y en la cual se trabaja en los ámbitos federal y estatales.
El vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap) México, Teodoro Rentería Arróyave, nos compartirá el vergonzoso y desafortunado Informe sobre la situación del periodismo en México, en el cual se suman 104 crímenes vinculados con el gremio.
Pablo Rubén Villalobos Hernández dará cuenta precisa de los nombres de quienes han sido asesinados o son víctimas de desapariciones forzadas en México; lista que integra el Informe trimestral sobre la situación del periodismo en México.
La Asociación de Periodistas y Comunicadores del Estado de Morelos es convocante y anfitriona. Impulsaremos el tema de la Ley de Protección y Seguridad Social de los Periodistas en Morelos.
Leyes necesarias
Así reza el Comentario a Tiempo del compañero y padre Teodoro Rentería Arróyave; su trascendencia nos obliga a su difusión:
En un ambiente de luto fueron aprobados por el Poder Legislativo las leyes para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la General de Víctimas y anteriormente la Reforma que Federaliza los Delitos Contra los Periodistas y Medios de Comunicación, es de puntualizarse que todas estas normatividades y demás del ramo son leyes obligadas ante la inseguridad nacional y la violación constante a los derechos humanos que ha provocado esa absurda “guerra” decretada en forma unilateral por Felipe Calderón Hinojosa, aunque ahora el jefe del Ejecutivo la califique de lucha contra el crimen organizado.
Cuando el pleno del Senado de la República aprobó la Federalización que abarca, con las modificaciones que se hicieron a propuesta del gremio organizado, los delitos contra las libertades de prensa y expresión, con un minuto de silencio se les tributó un sentido homenaje póstumo a los colegas, trabajadores de la prensa y familiares y amistades de comunicadores.
Al igual, el pleno de la Cámara de Diputados, antes de tomar tan trascendentes decisiones, guardó un minuto de silencio para honrar la memoria de la reportera Regina Martínez Pérez, corresponsal del semanario Proceso y ex corresponsal del diario La Jornada en Veracruz, asesinada el sábado en su domicilio ubicado en la ciudad capital Xalapa.
La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que aprobó por unanimidad la Cámara de Diputados, antes había hecho lo propio la Cámara de Senadores, fue analizada en los mismos términos por la diputada priista Diva Gastélum, al presentar el dictamen, quien resaltó que la ley tiene una justificación muy clara: cada vez es mayor el riesgo de proteger y defender los derechos humanos, así como ejercer la libertad de expresión y al demandar respaldar el dictamen, agregó, que es con la finalidad de que los diputados no sigamos solapando los crímenes y que los asesinos sigan en la impunidad.
Y Jaime Cárdenas, del Partido del Trabajo, se cuestionó: ¿Por qué tenemos necesidad de una ley de esta naturaleza? Porque, respondió, no hay un estado de derecho consolidado ni una democracia auténtica y consideró, una gran verdad, que si bien algunos homicidios o agresiones provienen del crimen organizado, muchos son del poder público, instrumentados, orientados o dirigidos por gobernadores, alcaldes y autoridades federales.
La ley ordena crear un mecanismo de protección para los defensores de derechos humanos y periodistas, con el fin de salvaguardarlos ante amenazas, intimidaciones y hostigamiento por el ejercicio de su actividad.
Las medidas urgentes de prevención deben aplicarse en un plazo no mayor a tres horas, y entre otras disposiciones se prevé la protección policiaca, el uso de escoltas, autos blindados y chalecos antibalas. También, evacuación e incluso reubicación temporal para activistas, reporteros y los familiares. La protección y todos los mecanismos estarán a cargo de la Secretaría de Gobernación y de una junta de gobierno.
Así es, la realidad brutal a la que estamos sometidos en México los periodistas y los defensores de derechos humanos obligan a legislar en su defensa inmediata.
