“Echando a perder se aprende” es un dicho mexicano que significa que cuando alguien se inicia en una actividad es posible que los primeros productos que realiza no salgan en condiciones óptimas, y que poco a poco se irá mejorando. Es hasta cierto punto una justificación para los principiantes en determinados oficios o incluso profesiones.
Sin embargo, ¿qué sucede cuando el profesionista tiene bajo su responsabilidad la libertad y el patrimonio de las personas? Es el caso de la mayoría de los jueces que han ingresado durante la administración de Jorge Gamboa Olea como presidente del Tribunal Superior de Justicia.
Como Gamboa Olea era juez penal, tenía amigos y enemigos entre sus colegas, así que algunos de los segundos presentaron su petición de jubilación en cuanto se enteraron que Jorge había llegado a la presidencia. Otros, como las juezas Nancy Aguilar Tovar y Gabriela Acosta se quedaron para enfrentarlo y sufrieron prácticamente el destierro. Las mandaron a Jonacatepec y Tetecala, respectivamente, porque no encontraron otro juzgado más lejos.
Al parecer, Gamboa Olea aplicó la fórmula que muchas veces enunció el expresidente Andrés Manuel López Obrador al integrar su gabinete: 90 por ciento de honestidad y 10 por ciento de conocimientos. Pero aquí hubo un pequeño cambio: el 90 por ciento debe ser de lealtad a quien los puso en el cargo.
Son muchos los abogados litigantes que se han estado quejando de los jueces y juezas que dependen del Tribunal Superior de Justicia ya que sus resoluciones demuestran su ignorancia y falta de experiencia en la materia, y aunque después subsanan sus errores cuando llegan los veredictos de los jueces federales, ya pasaron seis meses y entonces ya no se cumple con la máxima constitucional de la justicia pronta y expedita.
Esto ocurre en todas las materias que atienden los tribunales estatales. En materia penal, las quejas se centran en un juez de control y juicios orales con sede en Atlacholoaya: Jorge Alberto Pérez Salinas, ya que niega todas las solicitudes de los litigantes para no entrar al estudio de los asuntos.
En materia laboral, de acuerdo a los abogados, el que se lleva el primer lugar en quejas se llama Guillermo Espinosa Camacho y atiende en Cuautla. Y es que Espinosa Camacho toda su vida ha sido penalista, pero fue el único que Jorge Gamboa encontró para que sustituyera a Oscar Núñez Bahena, quien por el contrario toda su vida ha sido laboralista. El detalle es que al segundo lo identifican con el grupo del expresidente del TSJ, Rubén Jasso, y le es incómodo al actual titular del Poder Judicial.
El abogado Juan Cruz Martínez, quien fuera colaborador de La Unión de Morelos, se ha convertido en uno de los férreos críticos de los tribunales laborales desde que entró en vigencia la reforma laboral, cuando las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje desaparecieron, siendo sustituidas por los tribunales laborales, dependientes del Poder Judicial del Estado.
Las juezas en materia familiar también tienen lo suyo. Próximamente expondremos casos del primer distrito judicial con sede en Cuernavaca, donde los acuerdos y resoluciones carecen de toda lógica.
Hasta ahora hemos analizado a los jueces por cuanto a su inexperiencia, pero también hay casos donde todo parece indicar que resolvieron por intereses económicos.
El pasado miércoles se llevó a cabo la conferencia de prensa en materia de seguridad pública, encabezada por el secretario de Gobierno, Juan Salgado Brito, así como el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano, y otros funcionarios que integran la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad.
Tras dar a conocer diversas detenciones de presuntos criminales, Urrutia Lozano, se quejó de la liberación de varios generadores de violencia, pese a que fueron detenidos con armas, en posesión de autos robados y, en algunos casos, eran reincidentes.
“Ahorita estamos haciendo énfasis en que muchas personas, como ustedes vieron (en el informe de detenciones) son detenidos con armas de fuego, con vehículo robado y obtienen una firma periódica mensual (ante la UMECA), y muchos de ellos son reincidentes.
“Por eso hacemos ese énfasis, porque al día de hoy esos generadores de violencia son mucho más proclives a robarse un vehículo y atentar contra una familia”, dijo, al señalar que son estas mismas personas las que generan más daño y psicosis entre la población.
Urrutia Lozano destacó que llamaron la atención las recurrentes liberaciones de presuntos criminales detenidos, porque “cada vez que nosotros hacemos esta presentación de conferencia cada 15 días, al menos cuatro o cinco detenciones relevantes se han ‘caído’ porque muchos jueces dan por ilegal la detención” y los generadores de violencia son liberados.
Ese tema debe ser analizado con mucho cuidado. Por un lado, tiene razón el jefe policiaco al quejarse de que los elementos arriesgan sus vidas en los operativos para detener a los maleantes, sin embargo, tampoco puede culparse a los jueces por declarar “ilegales” sus detenciones. No hay que perder de vista que el trabajo de los abogados es precisamente buscar los errores de las corporaciones para obtener la libertad de sus clientes.
Tampoco se puede descartar que los jueces (y agentes del Ministerio Público) reciban una gratificación por hacer o dejar de hacer. La corrupción está presente en todos los niveles.
Por otro lado, la queja de Urrutia significa entonces que fue un fracaso el curso que les dieron los jueces a los elementos policiacos como resultado de aquella primera reunión de los magistrados del TSJ con la gobernadora Margarita González Saravia.
Por cierto, todo indica que Jorge Gamboa Olea se salió con la suya y convenció a la gobernadora de que le otorgue una salida digna después de que rinda su tercer informe de labores y lo acompañe en su evento el próximo 17 de mayo, aunque no será propiamente una sesión de Pleno porque aún no alcanza los 15 votos para tener el ansiado Quorum.
HASTA EL LUNES.
